Los vecinos de la Florida rechazan la utilización política de su movilización

Los vecinos de la Florida rechazan la utilización política de su movilización ante la posible llegada de un centro de menores extranjeros a su edificio y la desvinculan de todo "partido, organización o representante político". La comunidad de Florida 32 ya trasladó esa posición en la reunión que mantuvieron este lunes con la consejera en funciones, Concepción Saavedra, en la que expusieron que su negativa se basa en que su edificio no es un emplazamiento idóneo, una vez que los estatutos reservan a los pisos de la planta primera el uso como "oficinas o local comercial".

La comunidad del número 32 del paseo de la Florida ha convocado tres concentraciones ante su portal desde que a principios de este mes tuvieron conocimiento de que el Principado tenía pensado trasladar a su edificio menores que ahora están en el centro Villa Ana, en Avilés. La consejera en funciones de Derechos Sociales, Concepción Saavedra, confirmó que el motivo de ese traslado era proceder a la ejecución de obras de un recurso que "está anticuado", al tiempo que aseguró que los ocho menores extranjeros "están absolutamente integrados, llevan aquí un año o más, y están estudiando, en el instituto y algunos en formación profesional; el 80-90 por ciento de ellos salen con trabajos que son necesarios en Asturias y con una máxima integración en el sitio donde están".

Los vecinos aprovecharon el primer encuentro presencial con la consejera en funciones de Derechos Sociales, la fundación Diagrama, entidad encargada de la gestión de ese piso, y el Ayuntamiento, para plantear que la protección de los menores es compatible con los derechos de su comunidad. Y tras exhibir los estatutos de la comunidad, en los que se cambió el destino de los pisos de la primera planta , "de vivienda a oficinas o local comercial", aseguraron que también se opondrían a la apertura de una academia de inglés o de viviendas vacacionales.

La consejera en funciones de Derechos Sociales, Concepción Saavedra, confirmó que el traslado del centro de menores se debía a la necesidad de realizar obras en un recurso que "está anticuado", al tiempo que aseguró que los ocho menores extranjeros "están absolutamente integrados, llevan aquí un año o más, y están estudiando, en el instituto y algunos en formación profesional; el 80-90 por ciento de ellos salen con trabajos que son necesarios en Asturias y con una máxima integración en el sitio donde están".

Reacciones políticas

Saavedra trasladó tanto a los medios de comunicación como a los propios vecinos que no hay una decisión definitiva sobre el emplazamiento del centro de menores, que está "en tramitación" y pendiente de un informe de la Inspección de la consejería. La consejera admitió que se buscan "otras ubicaciones" en Oviedo, Gijón y Avilés , tras "los mensajes de odio" que relacionó con el interés de "algún partido en abanderar, señalar y crear una situación de rechazo, que tenemos que valorar porque buscamos el mejor interés para esos niños, su seguridad y protección".

La controversia sobre el centro de menores generó este martes reacciones políticas. La concejala socialista Marisa Ponga denunció "los intentos de Vox de señalar con una diana el sistema de protección del menor", después que la portavoz de ese grupo municipal pidiera este martes en la comisión de Políticas Sociales la relación de centros y recursos existentes en el municipio de Oviedo para la atención a menores. La edil del PSOE emplazó alPP "a rechazar con firmeza el discurso de Vox".Por su parte, la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, exigió al Gobierno regional que "revele todas las ubicaciones que baraja" para el centro de menores. "Los asturianos tienen derecho a conocerlas", afirmó López, quien dijo que "trasladar el problema de un barrio a otro no es ninguna solución". Mientras, Gaspar Llamazares, portavoz de IU en el Ayuntamiento, expresó el apoyo de su formación a la concentración antirracista convocada para mañana, a las 18,30 en La Florida, media horas antes de la promovida por la comunidad del número 32. "La presencia de Vox y de grupos neonazis en las movilizaciones ha convertido un debate legítimo sobre información y garantías en una campaña de señalamiento contra menores en situación de vulnerabilidad, alimentando el miedo, el racismo y la xenofobia. Reivindicamos el lema ‘Haciendo barrio frente al odio", manifestó Llamazares.

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