El Consistorio de Oviedo archiva el caso del exasesor de Urbanismo al no ver indicios para llevarlo a Fiscalía

El Ayuntamiento de Oviedo ha archivado la investigación interna abierta en abril sobre Ignacio Morales, entonces asesor de Alcaldía en materia de Urbanismo, al concluir que no existen indicios suficientes para trasladar las actuaciones a la Fiscalía ni para exigir responsabilidades administrativas por supuestas irregularidades de Morales aprovechándose de su cargo. El resultado va en la línea de lo manifestado semanas después por el alcalde, Alfredo Canteli, que aseguró que las denuncias recibidas contra Morales tenían "poco fundamento". Fuentes municipales sostienen, no obstante, que la decisión de cesar al asesor estuvo justificada como una cuestión de confianza, algo que desligan de que posteriormente se haya acreditado una conducta irregular.

La investigación comenzó el 14 de abril, el mismo día en el que Canteli firmó el cese de Morales, y terminó el 2 de junio. Fueron 49 días de tramitación, el periodo más largo de los siete expedientes gestionados por el Sistema Interno de Información (SII) durante el primer semestre. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el expediente se corresponde con las pesquisas abiertas sobre el antiguo asesor. No obstante, la memoria no identifica a los afectados por deber de confidencialidad.

Morales abandonó inicialmente el Ayuntamiento alegando "motivos personales" y la necesidad de tomarse un "break" después de siete años de trabajo. Un día después trascendió que se había recibido una denuncia contra él a través del canal interno municipal y que los servicios jurídicos abrirían un expediente para esclarecer su contenido. La denuncia relataba, según explicó entonces la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, el caso de una persona a la que supuestamente se había aconsejado que "si acudía a un despacho de arquitectos, su proyecto tendría prioridad sobre el resto porque Morales estará encima de este asunto". El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, aseguró entonces que el Alcalde había cesado "fulminantemente" a su asesor el mismo día en que se recibió la comunicación.

La junta de portavoces autorizó el acceso a las declaraciones de actividades y posibles causas de incompatibilidad de Morales. El Ayuntamiento anunció entonces dos posibles salidas: remitir las actuaciones a Fiscalía si aparecían indicios suficientes o proceder a su archivo. Ha ocurrido esto último. La memoria señala que los expedientes relacionados con el deber de probidad en el desempeño del servicio público terminaron archivados. Tras valorar los indicios obtenidos, el responsable del sistema concluyó que no existían "elementos de verosimilitud" que justificasen llevar las actuaciones al Ministerio Fiscal y tampoco consideró procedente proponer la apertura de procedimientos disciplinarios.

Las pesquisas estaban destinadas a comprobar la posible existencia de presiones o influencias sobre empleados públicos capaces de condicionar informes técnicos o resoluciones administrativas. El SII revisa en estos casos nombramientos, declaraciones de bienes, actividades e incompatibilidades y posibles vínculos societarios, además de recabar información de las jefaturas de servicio y declaraciones de trabajadores. El responsable del sistema consultó el 17 de abril, tres días después de abrirse el expediente, con la Fiscalía de Asturias. El criterio recibido fue que, cuando una denuncia no estuviese acompañada de elementos probatorios, debía desarrollarse una investigación reservada para comprobar su verosimilitud y acudir al Ministerio Público únicamente si aparecían indicios de delito.

El archivo coincide con la posición que Canteli mantuvo públicamente en mayo. "Todas las denuncias son anónimos y tienen poco fundamento. Yo, si quiero denunciar algo, lo firmo, pongo mi DNI y lo hago público", afirmó entonces el Alcalde, que defendió además que el área de Licencias "funciona muy bien". El cierre de las pesquisas no lleva, sin embargo, al equipo de gobierno a cuestionar la decisión adoptada en abril. Fuentes municipales mantienen que el cese de Morales estuvo justificado en términos de confianza, pero sin vincular esa valoración a la existencia de irregularidades, que la investigación no ha acreditado.

Entre enero y junio, el canal interno gestionó siete expedientes: tres fueron inadmitidos y cuatro acabaron archivados tras ser investigados. Dos estaban relacionados con Licencias, cuatro con Contratación y uno con Personal. En total se practicaron 53 diligencias, incluidas 20 declaraciones a empleados municipales.

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