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El piso de La Florida (Oviedo) que el Gobierno regional sopesa para acoger a menores tiene seis embargos, y deudas con la Seguridad Social y con el Principado

Los propios Servicios Tributarios del Principado promueven una de las incautaciones; también constan acciones del Ayuntamiento de Oviedo y la Administración estatal

Las cargas superan los 186.000 euros y la Seguridad Social ratificó su requerimiento días antes de que trascendiera que el Principado sopesaba el piso para acoger menores

Los vecinos trasladaron la existencia de vínculos familiares entre la propiedad y un alto funcionario de Infancia, de la Administración regional

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Irma Collín

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Oviedo

Hasta seis anotaciones de embargo pesan sobre el piso del paseo ovetense de La Florida que el Gobierno asturiano evalúa para acoger a ocho menores. Según ha podido comprobar LA NUEVA ESPAÑA, en la información registral correspondiente al inmueble constan anotaciones de cargas por distintas entidades, entre ellas los Servicios Tributarios del Principado de Asturias. Fuentes jurídicas consultadas sostienen que esa condición hace inviable que el inmueble pueda destinarse a acoger a menores en situación vulnerable. También la Caja Rural ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria sobre la vivienda por impagos de un préstamo de 390.000 euros.

Además, los vecinos han trasladado la existencia de vínculos familiares de primer grado entre la propiedad de la vivienda, una sociedad denominada García Villamil SL, y un funcionario con responsabilidad directiva en el área de Infancia de la consejería de Derechos Sociales, precisamente el departamento responsable de las decisiones relativas a menores. También, según algunas fuentes consultadas, el que debe dar la idoneidad a la decisión. No obstante, la entidad que es responsable de la acogida y de firmar el alquiler del inmueble sería la Fundación Diagrama, quien recibiría posteriormente la conformidad del Principado.

Rechazo vecinal

El piso ha sido objeto de polémica en los últimos días, por el rechazo de los vecinos a que el edificio se convierta en piso de acogida. La comunidad de vecinos aseguró que el inmueble no podía alojar esa actividad, basándose en los estatutos del edificio, aunque hace meses era la sede de una residencia de ancianos. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, que asumió temporalmente las competencias de la consejería de Derechos Sociales dada la larga baja por enfermedad de Marta del Arco, ya comunicó a los vecinos que la opción de alojar a los menores en el piso del paseo de La Florida era una de las varias que evaluaba el Gobierno regional.

La información registral consultada por este periódico permite precisar la situación del inmueble. La finca, un piso y con una superficie útil próxima a los 287 metros cuadrados, figura como propiedad al cien por ciento de García Villamil SL desde 2004. En el Registro aparece, además, expresamente descrita como destinada a vivienda.

La relación de cargas es extensa. Una primera anotación preventiva de embargo fue practicada en enero de 2019 a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social por deudas de la sociedad propietaria que ascendían a 9.678 euros. En junio de 2022 se incorporó otra a favor de los Servicios Tributarios del Principado por 9.282 euros y, apenas un mes después, una nueva anotación de la Seguridad Social por otros 30.437 euros.

Deudas con el Ayuntamiento

También el Ayuntamiento de Oviedo aparece entre los acreedores. En octubre de ese mismo año quedó anotado un embargo por un total de 7.229 euros, correspondientes a principal, recargo de apremio, intereses y costas. Posteriormente, en enero de 2023, la Seguridad Social incorporó otro por 11.633 euros. El de mayor cuantía es, sin embargo, mucho más reciente: en junio de 2025 se anotó otro embargo de la Tesorería General de la Seguridad Social por deudas que sumaban 117.805 euros. Las cantidades reflejadas en esas seis anotaciones superan conjuntamente los 186.000 euros.

La situación de la finca no se limita a los embargos. Sobre ella constan además dos hipotecas a favor de Caja Rural de Asturias. La primera garantizaba un préstamo de 390.000 euros de principal, además de intereses y costas, y ha desembocado ya en un procedimiento de ejecución hipotecaria ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Oviedo. En septiembre de 2025 fue expedida la correspondiente certificación de cargas dentro del procedimiento promovido por la entidad financiera contra García Villamil SL.

Algunas de esas cargas, además, mantienen plena actualidad. El embargo promovido por los Servicios Tributarios del Principado fue prorrogado por otros cuatro años el pasado 18 de mayo. También fue prorrogado el correspondiente a una de las deudas con la Seguridad Social mediante una anotación practicada el 30 de julio de este año, pocos días antes de que trascendiera públicamente que el Gobierno asturiano estudiaba, precisamente desde el área de Infancia, el inmueble como posible destino para los ocho menores.

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