Primera decisión de la nueva consejera de Derechos Sociales: el Principado descarta acoger menores en el piso de La Florida

Después de varias semanas de amplias protestas vecinales e intensos rifirrafes políticos en Asturias, el barrio ovetense de La Florida no albergará finalmente un centro de acogida de menores. El Gobierno del Principado anunció ayer su renuncia al emplazamiento después de que LA NUEVA ESPAÑA desvelara en su edición digital que sobre el inmueble recaían seis anotaciones de embargo por deudas con distintas administraciones públicas. Las cargas superan los 186.000 euros.

En la que ha sido su primera decisión en el puesto, la nueva consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, descartó ayer "por razones técnicas y jurídicas" hacer uso del primer piso del número 32 del paseo de La Florida para acoger inmigrantes menores de edad, por lo que el Principado ya está buscando una ubicación alternativa.

En un comunicado, el Ejecutivo asturiano explicó que "la elección de un local adecuado para acoger menores no acompañados requiere una serie de condiciones de idoneidad". Por eso, en los últimos días el Gobierno regional llevó a cabo una evaluación para comprobar que el inmueble cumpliese tales requisitos.

El primer adelanto del informe, que será completado con detalle en próximos días, fue presentado ayer por la mañana a la Consejera, apenas unas horas después de que tomase posesión como titular de Derechos Sociales. Tras comprobar los datos, Monroy decidió cancelar la opción de La Florida y centrar la tarea en la elección de otro lugar "libre de cualquier duda de carácter técnico o jurídico".

Unos minutos antes del comunicado gubernamental, este periódico había publicado que hasta seis anotaciones de embargo pesan actualmente sobre el piso ovetense. Así, en la información registral correspondiente al inmueble constan anotaciones de cargas por distintas entidades, entre ellas los Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

Fuentes jurídicas consultadas sostienen que esa condición hace inviable que el inmueble pueda destinarse a acoger a menores en situación vulnerable. También la Caja Rural ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria sobre la vivienda por impagos de un préstamo de 390.000 euros.

Además, los vecinos han trasladado la existencia de vínculos familiares de primer grado entre la propiedad de la vivienda, una sociedad denominada García Villamil S.L., y un funcionario con responsabilidad directiva en el área de Infancia de la consejería de Derechos Sociales, precisamente el departamento responsable de las decisiones relativas a menores. También, según algunas fuentes consultadas, el que debe dar la idoneidad a la decisión. No obstante, la entidad que es responsable de la acogida y de firmar el alquiler del inmueble sería la Fundación Diagrama, quien recibiría posteriormente la conformidad del Principado.

El piso ha sido objeto de polémica en las últimas semanas por el rechazo de los vecinos a que el edificio se convierta en piso de acogida. La comunidad de vecinos aseguró que el inmueble no podía alojar esa actividad, basándose en los estatutos del edificio, aunque hace meses era la sede de una residencia de ancianos.

Destinado a vivienda

La información registral consultada por este periódico permite precisar la situación del inmueble. La finca –un piso con una superficie útil próxima a los 287 metros cuadrados–, figura como propiedad al 100% de García Villamil S.L. desde 2004. En el Registro aparece, además, expresamente descrita como destinada a vivienda.

La relación de cargas es extensa. Una primera anotación preventiva de embargo fue practicada en enero de 2019 a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social por deudas de la sociedad propietaria que ascendían a 9.678 euros. En junio de 2022 se incorporó otra a favor de los Servicios Tributarios del Principado por 9.282 euros y, apenas un mes después, una nueva anotación de la Seguridad Social por otros 30.437 euros.

También el Ayuntamiento de Oviedo aparece entre los acreedores. En octubre de ese mismo año quedó anotado un embargo por un total de 7.229 euros, correspondientes a principal, recargo de apremio, intereses y costas. Posteriormente, en enero de 2023, la Seguridad Social incorporó otro por 11.633 euros. El de mayor cuantía es, sin embargo, mucho más reciente: en junio de 2025 se anotó otro embargo de la Tesorería General de la Seguridad Social por deudas que sumaban 117.805 euros. Las cantidades reflejadas en esas seis anotaciones superan conjuntamente los 186.000 euros.

La situación de la finca no se limita a los embargos. Sobre ella constan además dos hipotecas a favor de Caja Rural de Asturias. La primera garantizaba un préstamo de 390.000 euros de principal, además de intereses y costas, y ha desembocado ya en un procedimiento de ejecución hipotecaria ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Oviedo. En septiembre de 2025 fue expedida la correspondiente certificación de cargas dentro del procedimiento promovido por la entidad financiera contra García Villamil S.L. n

Suscríbete para seguir leyendo