La madre que se llevó a su hija en Oviedo cuando estaba tutelada por el Principado solicita la libertad

La Audiencia Provincial de Asturias celebrará este viernes una vista para decidir sobre la puesta en libertad de la madre de la niña de cinco años que permaneció desaparecida durante más de tres meses después de que sus padres biológicos se la llevaran, el pasado 30 de abril, de un punto de encuentro familiar de Oviedo. La mujer se encuentra en prisión provisional desde principios de agosto, tras ser localizada la menor en un asentamiento de Llanera.

La vista en la Audiencia llega después de que fuese admitido el escrito presentado por su defensa para solicitar una revisión urgente de su situación personal y su inmediata libertad provisional. El abogado de la mujer, José Manuel Álvarez Sánchez, sostiene que la aparición de documentación judicial y administrativa que no estaba disponible cuando se formularon las anteriores alegaciones introduce nuevas circunstancias que deben ser valoradas.

Uno de los principales argumentos de la defensa es que la familia no conoció, según sostiene el letrado, el alcance real de las medidas que se estaban tramitando respecto a la menor. Entre los documentos incorporados figura una resolución de la Consejería de Derechos Sociales fechada el 31 de julio, cuando la niña todavía permanecía desaparecida, que fue remitida posteriormente a la madre en prisión.

Esa resolución acordaba poner fin al concreto acogimiento temporal de la pequeña con la familia con la que convivía y valorar una nueva medida una vez fuese localizada. El propio escrito de la defensa precisa, sin embargo, que esa decisión no extinguía la tutela de la Administración ni autorizaba a los progenitores biológicos a llevarse a su hija.

La defensa entiende que esta circunstancia resulta relevante para analizar qué llevó a la madre a desaparecer con la niña y, sobre todo, si continúan existiendo los riesgos que justificaron su encarcelamiento. Según el abogado, la mujer actuó ante el temor de que pudiera dejar de tener relación con su hija y ahora, con la menor ya localizada y sometida nuevamente al control de los servicios de protección, ese escenario ha cambiado.

El escrito incorpora también una resolución de febrero de este año que recoge que la investigada estaba participando en un programa residencial de capacitación parental y que se había producido la reintegración familiar de otro de sus hijos. Para la defensa, este dato demuestra que había aceptado someterse al seguimiento de los servicios sociales y que su evolución no puede presentarse como un rechazo continuado a las actuaciones de la Administración.

José Manuel Álvarez considera por ello que existen alternativas suficientes a mantener a su defendida encarcelada. «Se nos llena la boca hablando de solidaridad en los telediarios y buscamos soluciones para los MENAS, pero existen medidas menos gravosas que la prisión preventiva, sobre todo para una madre que lo único que pretende es estar con su hija», afirma el abogado.

La petición de libertad va acompañada de un amplio paquete de medidas cautelares. La defensa propone que la mujer mantenga un domicilio fijo en Oviedo y comunique inmediatamente cualquier cambio, además de comparecer ante el juzgado todos los lunes, miércoles y viernes durante los primeros treinta días y, posteriormente, con la periodicidad que determine el tribunal.

También ofrece la entrega y retención del pasaporte, la prohibición de obtener otro y la imposibilidad de abandonar España sin autorización judicial. Además, acepta que la madre tenga prohibido acercarse, comunicarse o contactar con la niña fuera del régimen que autoricen expresamente los servicios de protección o el órgano judicial y que no pueda acudir por su cuenta a los lugares en los que se encuentre la menor. Si el tribunal lo considerase necesario, ofrece subsidiariamente el pago de una fianza proporcionada a su capacidad económica.

Riesgo de fuga

La Fiscalía había defendido el ingreso en prisión provisional sin fianza al considerar que existía un «evidente riesgo de fuga”, teniendo en cuenta la pena a la que podría enfrentarse si resulta condenada. Los hechos se investigan inicialmente como un posible delito de sustracción de menores. El Ministerio Público también argumentó la necesidad de proteger a la niña, a la que considera que el episodio provocó una alteración de su estabilidad física y psíquica.

La menor desapareció el 30 de abril, cuando sus padres biológicos aprovecharon una visita en un punto de encuentro familiar de Oviedo para llevársela. Según informó entonces la Consejería de Derechos Sociales, durante el episodio habría sido agredida la educadora encargada de supervisar el encuentro. La niña llevaba alrededor de dieciocho meses viviendo con una familia de acogida. Después de más de tres meses en paradero desconocido, fue localizada el 7 de agosto en un asentamiento de Llanera.

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