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El PP acusa a Vox e IU de "alentar a grupos extremistas" durante el conflicto del piso tutelado de La Florida

El gobierno que dirige Alfredo Canteli legitima la protesta vecinal y rechaza que se "señale" a todo un barrio: "No vamos a permitir que se utilice a los vecinos"

Una de las manifestaciones en La Florida.

Una de las manifestaciones en La Florida. / Irma Collín / LNE

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Félix Vallina

Félix Vallina

La polémica por el frustrado centro de menores de La Florida llegó este martes al Pleno con dos mociones enfrentadas y un mismo desenlace: ambas fueron rechazadas por la mayoría absoluta del PP. El gobierno local aprovechó el debate para marcar distancias tanto con Vox como con IU y acusó a ambas formaciones de haber contribuido a agitar el conflicto, hasta el punto de «alentar grupos extremistas por ambos lados», según sostuvo la concejala de Políticas Sociales, María Velasco.

Vox llevó al salón de plenos una iniciativa para que el Ayuntamiento rechazase la apertura en Oviedo de nuevos centros o pisos destinados a Menores Extranjeros no Acompañados (MENA) y reclamase al Principado que descartase el concejo para futuros recursos de este tipo. Sonsoles Peralta defendió que los vecinos tienen derecho a mostrar «preocupación» y «miedo» y vinculó el sistema de acogida con problemas de inseguridad, aunque precisó que no afirmaba que todos los menores fueran delincuentes. También acusó al PP de ponerse «de perfil» y, tras el rechazo de su propuesta, lo calificó de «derechita cobarde».

El PP rechazó ese veto general y reivindicó, al mismo tiempo, la legitimidad de las protestas vecinales. «Preguntar no es racismo, discrepar no es xenofobia y defender los intereses de un barrio no es discriminar a nadie», afirmó Velasco. La edil sostuvo que los vecinos tuvieron «razones objetivas» para cuestionar el emplazamiento y recordó que las competencias sobre protección de menores corresponden al Principado. «No vamos a permitir que se utilice a los vecinos» ni tampoco «a unos menores para enfrentar a unos ciudadanos con ellos», remarcó.

El PSOE también rechazó la moción de Vox. Marisa Ponga calificó de «papel mojado» un posible veto municipal por falta de competencias y recalcó que los ocho menores llevan ya más de un año tutelados en Asturias, están escolarizados y lo que se planteaba era su traslado desde otro recurso. La socialista denunció además «amenazas de muerte» en redes y la presencia en las movilizaciones de grupos neonazis como Núcleo Nacional.

IU planteó después una proposición en sentido contrario para condenar las «políticas de odio y señalamiento racista» y defender la integración de los menores en recursos ubicados en los barrios. Gaspar Llamazares diferenció entre las dudas legítimas de los vecinos y quienes, a su juicio, las aprovechan para impulsar una política de «exclusión, veto y señalamiento». Admitió, no obstante, que la gestión inicial del Principado fue un «acto fallido» que podría haberse evitado con una mayor escucha vecinal.

El PP también tumbó esa iniciativa. Velasco reprochó a los dos extremos haber utilizado políticamente el conflicto y sostuvo que durante estas semanas se alentaron concentraciones de signo contrario, unas con mensajes contra los vecinos y otras con insultos racistas. El gobierno de Canteli defendió el respeto a quienes expresaron sus dudas y el rechazo a cualquier discurso de odio y protección de los menores.

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