El Gobierno de Asturias traslada a Fiscalía el caso del piso de La Florida, que valoraba para acoger a varios menores, por irregularidades y vínculos con el jefe de Servicio de Infancia
Sobre el inmueble recaen varias anotaciones de embargo, tal y como reveló LA NUEVA ESPAÑA, y los vecinos habían trasladado la existencia de parentesco entre la propiedad y el funcionario responsable de la actuación
Barbón defiende la "total transparencia" del Ejecutivo tras remitir al Ministerio Fiscal un informe elaborado por la Secretaría General Técnica del Principado

Concentración de vecinos contra acoger menores en La Florida. / Irma Collín
El Gobierno de Asturias ha enviado a Fiscalía toda la información correspondiente en torno al traslado del piso del paseo ovetense de La Florida que inicialmente se contempló para acoger a ocho menores para que estudie el proceso administrativo que se ha llevado a cabo. Según adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el Ejecutivo también abrirá un procedimiento interno para esclarecer si existen irregularidades.
"Si bien el traslado de los menores jamás llegó a producirse, y aunque tampoco se arrendó el local –una cuestión que, en último caso, correspondería a la Fundación Diagrama, la entidad concertada-, Derechos Sociales considera necesario que se determine cualquier tipo de responsabilidad a la que hubiera lugar", explican desde la Consejería de Derechos Sociales.
El propio presidente del Principado, Adrián Barbón, comunicó que la decisión de trasladar a la Fiscalía el expediente se produce tras un informe elaborado por la Secretaría General Técnica, para facilitar al Ministerio Ficsal el examen de las circunstancias concurrentes y la adopción, en su caso de las actuaciones que estime oportunas".
El Presidente señaló que el informe "repasa la actuación administrativa y analiza diversas cuestiones relacionadas con las condiciones del inmueble", así como "la viabilidad de la actuación". Asímismo, reconoció explicitamente Barbón "hace referencia a la existencia de una vinculación familiar entre el jefe del Servicio de Infancia y una de las personas relacionadas con la propiedad del inmueble".
El Presidente defendió la actuación de "transparencia total y absoluta" del Ejecutivo con este asunto.
Tal como reveló LA NUEVA ESPAÑA pesan seis anotaciones de embargo por distintas entidades, entre ellas los Servicios Tributarios del Principado de Asturias, sobre el inmueble en el que el Principado planteaba que fuese piso de acogida para menores, en la avenida de La Florida de Oviedo. También la Caja Rural ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria sobre la vivienda por impagos de un préstamo de 390.000 euros, según la información registral consultada por este periódico.
Además, los vecinos ya habían trasladado la posible existencia de vínculos familiares de primer grado entre la propiedad de la vivienda, una sociedad denominada García Villamil SL, y un funcionario con responsabilidad directiva en el área de Infancia de la consejería de Derechos Sociales (concretamente el jefe de Servicio), precisamente el departamento responsable de las decisiones relativas a menores. Estas conexiones quedan implícitamente reconocidas por el Gobierno.
También, según algunas fuentes consultadas, este funcionario sería el mismo que debe dar la idoneidad a la decisión de trasladar a los menores de Avilés a Oviedo. No obstante, la entidad que es responsable de la acogida y de firmar el alquiler del inmueble sería la Fundación Diagrama, quien recibiría posteriormente la conformidad del Principado.
Un informe elaborado por al Secretaría General Técnica ha repasado la actuación administrativa y ha analizado diversas cuestiones relacionadas con las condiciones del inmueble y con la viabilidad de la actuación. Asimismo, hace referencia a la posible existencia de una vinculación familiar entre el jefe del Servicio de Infancia y una de las personas relacionadas con la propiedad del inmueble, tal como denunciaban los vecinos.
"Con esta actuación, la consejería reafirma su compromiso con la transparencia, el rigor en la gestión pública y la plena colaboración con los órganos competentes", afirman. Derechos Sociales busca actualmente otra ubicación adecuada para los menores que reúna todas las condiciones de idoneidad y esté libre de cualquier duda técnica o jurídica.
El traslado de ocho menores migrantes al barrio de La Florida provocó un amplio rechazo vecinal. La comunidad de vecinos defendía que el inmueble no podía alojar esa actividad, basándose en los estatutos del edificio, aunque hace meses era la sede de una residencia de ancianos.
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