Adiós a la gasolinera de Prado de la Vega: las razones por las que no dan licencia para construirla

Un informe de la sección de Medio Ambiente concluye que son "evidentes los perjuicios que se derivarían para la salud de los residentes"

Algunos vecinos de Prado de la Vega protestando en la parcela donde se preveía situar la gasolinera

Algunos vecinos de Prado de la Vega protestando en la parcela donde se preveía situar la gasolinera / FERNANDO RODRIGUEZ

"Se informa de forma desfavorable sobre la solicitud de licencia". Así concluye el informe municipal del servicio municipal de Medio Ambiente y Planeamiento donde se analiza la petición hecha por la empresa Plenoil para instalar una gasolinera con tres surtidores y cuatro mangueras cada una en Prado de La Vega. Entre los argumentos, su ubicación, que se encuentra a unos "diez metros a los edificios de uso residencial" y "son evidentes los perjuicios que se derivan para la salud de los residentes".

El informe municipal, encargado por el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, se basa en un estudio de cinco investigadores de la Universidad de Murcia, cuyas conclusiones respecto al impacto de las gasolineras en la población sirve para denegar la licencia a la gasolinera.

La posible implantación del negocio había generado contestación entre los vecinos de la zona, que llegaron a concentrarse en el lugar reservado para la gasolinera en varias ocasiones.

El informe murciano, que firman los expertos Isabel M. Morales Terrés, Marta Doval Miñarro, Enrique González Ferradas, Antonia Baeza Caracena y Jonathan Barberá concluye que " el impacto de las gasolineras de tamaño pequeño y mediano se produce, aproximadamente, en un radio de cien metros". Una distancia que no se cumple en Prado de La Vega. Nacho Cuesta se había comprometido con los vecinos a valorar los posibles efectos nocivos que tendría para la salud de los vecinos. Por eso, hasta en dos ocasiones el Ayuntamento pidió opinión a la Consejería de Medio Ambiente y, ahora, los técnicos desautorizan la instalación. "Nuestro compromiso con el fomento de la actividad empresarial es irrenunciable, siempre que la garantía respecto a la protección de la salud pública y el medio ambiente sea plena", justifica Cuesta. n

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