Paralizado durante un mes el desahucio de Crusmery, una madre de 26 años que vive con sus dos hijos en el barrio ovetense de La Corredoria

El desahucio de Crusmery, una mujer de 26 años que vive con sus dos hijos menores en el barrio ovetense de La Corredoria, ha quedado aplazado temporalmente durante un mes. El lanzamiento estaba previsto para este martes, pero finalmente no se ejecutará tras las gestiones realizadas en los últimos días por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, que había denunciado públicamente la situación de la familia y el riesgo de que quedara sin vivienda.

La suspensión del procedimiento se ha conseguido mediante la aplicación del artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una figura jurídica que permite paralizar temporalmente los lanzamientos en determinadas circunstancias. La medida concede ahora un margen de un mes para tratar de encontrar una salida al conflicto habitacional que afecta a la familia.

Según el sindicato, Crusmery no figura como titular del contrato de alquiler de la vivienda, una vivienda de protección oficial gestionada en régimen de colaboración público-privada por una empresa vinculada al grupo Visoren. La demanda de desahucio está dirigida contra la persona que aparece como arrendataria formal, quien habría subarrendado posteriormente la vivienda a la familia.

La mujer, que trabaja en el sector de la limpieza, asegura que abonaba el alquiler de forma regular mediante transferencias por Bizum al arrendatario que figuraba en el contrato. Según el sindicato, es esta persona la que acumula una deuda de unos 4.000 euros y contra la que se dirige el procedimiento judicial, aunque la ejecución del desahucio habría afectado directamente a Crusmery y a sus hijos, que son quienes residen actualmente en el inmueble.

Tras la paralización temporal del lanzamiento, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias afirma que continuará movilizándose para lograr una solución definitiva. “Ahora seguiremos luchando contra el fondo AVN y la Consejería de Vivienda por la paralización definitiva y la subrogación del contrato”, señalaron desde el colectivo, que también reclama que no se permitan desahucios en vivienda pública sin alternativa habitacional y subraya que la suspensión se ha logrado “gracias a la organización y a la lucha de muchas personas y colectivos de la clase trabajadora”.

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