Nuevo giro en el desahucio de La Corredoria: Crusmery "no puede más" y se marcha con sus hijos antes del nuevo lanzamiento

El desahucio de Crusmery, la joven de 26 años residente en el barrio ovetense de La Corredoria junto a sus dos hijos menores, ha dado un nuevo giro en los últimos días. Tras el aplazamiento temporal del lanzamiento conseguido el mes pasado, la situación judicial no evolucionó a favor de la familia. El juzgado no estimó las peticiones planteadas en su defensa, y aunque por el momento no se ha fijado una nueva fecha de lanzamiento, la afectada ha decidido abandonar la vivienda por iniciativa propia. "No puede más", trasladan fuentes cercanas a su entorno.

Durante los últimos días, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias había intensificado las gestiones para tratar de encontrar una solución que evitase el desahucio. Entre las propuestas trasladadas a la propiedad figuraba la posibilidad de que la empresa gestora de la vivienda, vinculada al grupo Visoren, aceptase la subrogación del contrato de alquiler a nombre de Crusmery, quien es la residente efectiva del inmueble junto a sus hijos y quien venía abonando las mensualidades.

Sin embargo, esta vía no llegó a prosperar. Según explican desde el sindicato, la operación no podía llevarse a cabo mientras no se resolviese el procedimiento judicial abierto contra la persona que figura como titular del contrato, a quien acusan de haber subarrendado irregularmente la vivienda y de acumular una deuda cercana a los 4.000 euros. Esta situación bloqueó cualquier alternativa inmediata que permitiera regularizar la situación habitacional de la familia.

El caso se remonta a los últimos meses, cuando Crusmery accedió a la vivienda —una VPO gestionada en régimen de colaboración público-privada— mediante un acuerdo con el arrendatario formal. Según su relato, ella abonaba el alquiler de manera regular a través de Bizum, sin tener conocimiento de la deuda existente ni de las irregularidades en el contrato. La demanda de desahucio se dirige contra esa persona, aunque sus efectos recaían directamente sobre la joven y sus hijos, únicos ocupantes del piso.

El lanzamiento previsto inicialmente para la segunda semana de marzo fue suspendido durante un mes gracias a la aplicación del artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una figura que permite aplazar temporalmente este tipo de procedimientos en determinadas circunstancias. Este margen abría una ventana para buscar soluciones, pero la falta de avances y el desgaste acumulado han terminado por precipitar la decisión de la afectada de abandonar la vivienda antes de que se produzca un nuevo señalamiento.

Desde el sindicato lamentan el desenlace y advierten de que el caso evidencia las grietas del sistema de acceso a la vivienda, especialmente en situaciones de vulnerabilidad atravesadas por prácticas irregulares como el subarrendamiento. Mientras tanto, Crusmery y sus hijos afrontan ahora una salida incierta, tras semanas de tensión e incertidumbre que, finalmente, han pesado más que cualquier expectativa de solución a corto plazo.