El desahucio de La Corredoria sigue atascado: una donación de más de tres cifras en el limbo y un grave problema con la titularidad del contrato

La situación de la joven de 23 años y su hija menor en la vivienda pública de La Corredoria (Oviedo) mantiene abiertos varios frentes, pero en los últimos días el foco se ha desplazado hacia un aspecto clave: la situación jurídica de la afectada. En este momento, todos los esfuerzos están centrados en que la mujer pueda acceder a un abogado de oficio, un paso que hasta ahora ha resultado imposible debido a que no figura en la denuncia original, interpuesta contra su madre, titular del contrato y responsable de la deuda.

Esta circunstancia está condicionando el margen de actuación de la defensa, ya que la joven, pese a residir en el inmueble junto a su hija, queda fuera del procedimiento desde el punto de vista formal. El Sindicatu Vivienda d’Asturies considera prioritario desbloquear este punto para poder articular una respuesta legal sólida que permita avanzar en el proceso y consolidar la suspensión cautelar del desahucio lograda la pasada semana.

En paralelo, y dentro de ese contexto, se mantiene sobre la mesa el ofrecimiento económico realizado a principios de semana por un empresario asturiano, que ha solicitado mantenerse en el anonimato. La propuesta, trasladada directamente al sindicato, supera los mil euros y permitiría cubrir parte de la deuda acumulada, uno de los elementos centrales del conflicto.

Desde la organización subrayan que se trata de una iniciativa particular que valoran “muy positivamente” y por la que se muestran muy agradecidos, destacando que la tienen “muy en cuenta” dentro de las posibles vías de solución. Confían en que este respaldo pueda contribuir a desatascar una situación enquistada desde hace años, aunque insisten en que la resolución del problema pasa también por el encaje jurídico del caso.

El conflicto alcanzó su punto más crítico el pasado jueves, cuando estaba previsto el lanzamiento de la vivienda. La intervención del sindicato, que presentó un escrito urgente ante el juzgado, permitió acordar la suspensión temporal del desahucio tras acreditarse la situación de vulnerabilidad de la unidad familiar.

Con este escenario, el caso continúa pendiente de evolución, aunque por el momento las gestiones no han dado resultado. Desde el sindicato señalan que han mantenido contactos con Vipasa, pero las conversaciones no han fructificado y la empresa pública no ha planteado opciones de salida al conflicto. Ante esta situación, la organización asegura que está intentando elevar el caso a órganos superiores, en busca de una vía que permita desbloquear una solución.