Vipasa realizará una "revisión integral" de las viviendas de La Corredoria para afrontar la reparación de los daños

Vipasa realizará una revisión integral de las viviendas públicas de La Corredoria, para evaluar su estado de conservación y planificar nuevas actuaciones de mejora. La empresa pública sostiene que esta inspección ya estaba incluida en su programación ordinaria, dentro del plan de revisión de los grupos residenciales de mayor antigüedad del parque público del Principado.

El anuncio se produce después de que el diputado regional del PP José Agustín Cuervas-Mons reclamase al Gobierno asturiano una intervención «urgente e inmediata» en estos edificios. El parlamentario denunció, acompañado por varios residentes, la existencia de canalones deteriorados, filtraciones de agua, humedades, ventanas en mal estado y otros desperfectos que, según los vecinos, se arrastran desde hace años.

Ante estas críticas, Vipasa señala que las incidencias comunicadas por los inquilinos se atienden de manera individualizada, como ocurre en el resto de las viviendas que gestiona la compañía. No obstante, la empresa anuncia que realizará un análisis exhaustivo de todos los problemas registrados y que prestará especial atención a aquellos que afectan a las zonas comunes de los inmuebles. Estas zonas serán objeto de una evaluación prioritaria, con el objetivo de determinar las soluciones técnicas más adecuadas para cada problema y establecer una planificación de las intervenciones necesarias.

La inspección integral permitirá, según explican desde Vipasa, contar con un diagnóstico completo del estado de conservación del conjunto residencial, "complementar el análisis de las incidencias ya registradas y reforzar el seguimiento de las reparaciones y actuaciones que se desarrollen". Los vecinos de los bloques denunciaron que algunas reparaciones realizadas hasta ahora han sido puntuales y no han solucionado el origen de los desperfectos.

La presidenta de una de las comunidades llegó a asegurar que el edificio «se está cayendo abajo, literalmente» y expresó la «impotencia» de los residentes ante la falta de una solución definitiva. Por su parte, Cuervas-Mons acusó a la empresa pública de no cumplir adecuadamente con sus obligaciones como propietaria y afirmó que «Vipasa es el peor casero que uno puede tener».

Revisión de contratos y alquileres

Vipasa también ha respondido a las críticas relacionadas con la campaña de revisión de los contratos y las rentas de los inquilinos. La gerencia de la empresa sostiene que este procedimiento se desarrolla en cumplimiento de la normativa vigente y como parte de una gestión responsable de las viviendas públicas. La compañía rechaza que se trate de una subida generalizada de los alquileres y defiende que la actualización responde a un criterio de justicia social, de manera que cada familia contribuya en función de su capacidad económica.

Según Vipasa, las familias que mantienen un nivel de ingresos similar conservan su renta actual, mientras que aquellas cuyos ingresos han disminuido pueden beneficiarse de una reducción. Únicamente los hogares cuya situación económica haya mejorado pueden experimentar una actualización al alza. En todo caso, la empresa pública afirma que el alquiler nunca supera el 20 por ciento de los ingresos de la unidad de convivencia. Ese porcentaje solo puede alcanzar el 30 por ciento cuando se incluyen también los gastos de comunidad.

El PP había denunciado que algunos residentes estaban recibiendo requerimientos para aportar documentación durante la revisión de los contratos y que el procedimiento ya había supuesto incrementos del alquiler en determinados casos. El grupo parlamentario popular anunció la presentación de iniciativas para conocer la evolución de las rentas, la situación de las plazas de garaje y los planes de mantenimiento de las viviendas. Vipasa insiste en que su objetivo es atender las necesidades de los vecinos y garantizar la conservación del parque público de viviendas. Para ello, asegura que está destinando recursos a agilizar la resolución de las incidencias pendientes y a reforzar los mecanismos de seguimiento y control de las actuaciones.

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