Oviedo ha sido históricamente sede y referencia de la educación concertada en Asturias, también de la privada. En Oviedo han convivido pacíficamente ambos modelos junto con la pública, por eso me preocupa muchísimo el efecto que tendrá en nuestra ciudad la antinatural Ley Cela, siendo lo natural lo que en este país ya no lo es: me refiero al obligado acatamiento por parte del Gobierno de nuestra Constitución, ante un nuevo embate sobre la misma ahora en materia educativa. Europa, atenta a la degeneración democrática de España, advertía hace pocos días de que la propuesta de Sánchez e Iglesias de reformar el sistema de elección del CGPJ podía violar los estándares europeos anticorrupción apercibiéndole ahora acerca del nulo consenso social y político de la Lomloe. Respalda así Europa las fundadas críticas de docentes, familias, asociaciones, sindicatos y alumnos, a las que se sumó nuestro arzobispo, Jesús Sainz Montes, generando una tan airada como teatral respuesta en los habituales de izquierdas.
A estas alturas del sobresalto, de la tenaz deriva de nuestro sistema hacia un régimen autoritario, con el parlamento opacado, la judicatura y la fiscalía de aquella manera, los medios de comunicación en la diana y todos a la espera de ese orwelliano Ministerio de la Verdad que, con el pretexto de llamar bulos a las opiniones libres y críticas va a censurar todo lo que no exalte al reeditado Frente Popular, en buena lógica totalitaria entra dentro de la “nueva normalidad” –que no es otra que esta– que no se hay siquiera abierto el diálogo con la comunidad educativa ante la apetitosa voladura del artículo 27 de la Constitución.
¿Es la Lomloe una herramienta de contento a los socios de coalición? Por supuesto, ahí está la privación de su condición de lengua vehicular al castellano para satisfacción de los separatistas o el brutal ataque a la concertada que aspira a su eliminación paulatina, en este caso para júbilo de los podemitas. Pero no nos equivoquemos. El PSOE comulga por entero con la estrategia de adoctrinamiento que fundamenta el texto. Al fin, si “los niños no pertenecen a los padres” habrá que educarles en consonancia con el partido-estado al que pertenecen.
Resulta desolador escuchar a los expertos en la materia contradecir cada una de las falacias con que se pretenden justificar los cambios. Así, la prevista desaparición de los centros de Educación Especial para que sus competencias sean asumidas por colegios ordinarios no tiene soporte pedagógico alguno. Este es uno de los aspectos más aterradores del engendro, al evidenciar una cruel insensibilidad ante las quejas de padres y profesores conscientes de que estos alumnos exigen una enseñanza muy personalizada y sufrirán acoso y estrés fuera de sus colegios habituales
¿Busca todo esto una mejor educación? ¿Se producirá pasando de curso sin límite de suspensos? ¿De verdad no hay “demanda social” para la concertada? ¿Que la religión no cuente para la nota no contradice el constitucional derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones? Y como cláusula de cierre del totalitario modelo parece que los inspectores serán nombrados por las autonomías: fin de las oposiciones y puerta abierta al carné en la boca.
Pública, privada y concertada han convivido en Oviedo y en toda España pacíficamente, y de no ser declarada inconstitucional esta aberrante Ley sus efectos se traducirán, además de en desaparición de empleo docente, en un profundo retroceso educativo, la inversión mas importante a largo plazo que puede hacer un país, formando en libertad para un pensamiento crítico, y que sigue requiriendo un marco legislativo transparente, estable y ajeno al partidismo. En la encrucijada en que se encuentra España asistimos día sí día también a un paso más en la destrucción de nuestra democracia. Cuando dejen de retorcer preceptos constitucionales, porque ya no queden, hablaremos de dictadura sin adjetivos.
