La imagen del alcalde de Oviedo (Alfredo Canteli) y el presidente de Asturias (Adrián Barbón) viajando con sus séquitos a Madrid a presentar su claudicación ante los intereses especulativos del Ministerio pasará a la historia como uno de los momentos más vergonzosos de la historia carbayona. En todo proceso urbanístico existen cargas y beneficios, y quien más recibe más paga. En el caso de La Vega esto no es así.
El Ministerio se hace con todos los usos lucrativos, los residenciales, los locales comerciales e incluso un aparcamiento subterráneo privado de 400 plazas. Estos usos colmatan todos los espacios posibles dentro de la fábrica. En el ámbito de protección de Santullano impide las nuevas edificaciones, pero además invade suelos fuera como el parque de Ángel Cañedo, sacrificado para hacer viviendas. Se derriban cinco edificaciones del conjunto incluyendo la emblemática nave de la central térmica y se quedan con cuatro para locales comerciales. Como el suelo no les da para meter los 100.000 m2 de viviendas se les permite el edificar en altura todo lo inimaginable, con una torre de 25 plantas. El número de viviendas protegidas es el mínimo por la ley (un 30%) y en el protocolo se permite a la administración central evadirse de realizar la descontaminación de los terrenos, valorada en unos 30 millones, dado que tienen hecho ellos mismos un informe que dice que los suelos están inmaculados.
El Ayuntamiento asume por el contrario los pufos. La urbanización, el “hacer las calles”, supone según las valoraciones municipales del 2019 aproximadamente 10 millones de euros, ahora unos 13. Además de la rehabilitación de unas veinte de edificaciones (otras veinte terminarán bajo la piqueta). La rehabilitación, siendo prudentes, estaría en torno a los 20 millones, pero muy probablemente termine siendo mucho más (por ejemplo, el Palacio de Deportes son 20 millones de rehabilitación). El Ayuntamiento, a base de derribar los ocho chalets y cinco naves obtiene el 15% de suelo que la ley exige de zonas verdes (los 25.000 metros cuadrados de los que se vanaglorian es también el mínimo legal). Además asumimos los estudios arqueológicos, nada baratos al haber un yacimiento. Todo esto saldrá de las arcas municipales, es decir de nuestros bolsillos vía impuestos.
Oviedo pierde la gran oportunidad de tener un espacio cultural de referencia, como los que no tuvo problema en pagarle el Principado a Gijón (La Laboral) y a Avilés (El Niemeyer), pero también destruye uno de los mayores tesoros patrimoniales de España, la Fábrica de Armas de La Vega, que está en el mismo centro de la ciudad, dado que, por mucho que insistan con su clasismo Barbón y Canteli en llamarle “entrada a Oviedo”, hace ya décadas nos hemos expandido más allá de La Corredoria.
El Ayuntamiento, con sus competencias en Urbanismo de recalificar suelos industriales en residenciales; y el Principado, con sus competencias en Ordenación del Territorio, Cultura y Medio Ambiente, para proteger íntegramente el conjunto industrial, son las administraciones que tenían la sartén por el mango, pero el Ministerio es quien ha terminado engulléndose la comida y la cuenta a pagar por las y los carbayones.
