La Vega, pinceladas de su historia

El 13 de octubre de 1153 es un día que quedó grabado en la historia de Oviedo. En esa fecha se firma el acta fundacional del monasterio de Santa María de la Vega por doña Gontrodo Petri, concubina de Alfonso VII, madre de su hija Urraca y abadesa de este convento hasta su muerte en 1186. El monasterio estaba sometido a la congregación de Fontevrault, proyecto reformista francés creado a comienzos del siglo XII. Fermín Canella hace una descripción de lo que fue el monasterio: "Constituirían casa e iglesia, cuadrado y vasto edificio reformado en 1667 y en épocas posteriores; pero quedando de la obra primitiva romano-bizantina la cuadrada torre, la pequeña puerta interior que daba ingreso al coro por el claustro y el bello arco descubierto hace pocos años".

A lo largo de los siglos, las monjas de este cenobio benedictino sufrieron no pocos sobresaltos. Con motivo de la invasión francesa y de las guerras carlistas se vieron obligadas a dejar su casa, pero siempre pudieron regresar. Hasta que el Ayuntamiento les pide que lo abandonen bajo el pretexto de la necesidad de convertir el monasterio en un hospital para acoger enfermos de cólera. La realidad era otra. Para reconstruir este lamentable episodio me baso en conversaciones, lecturas y conferencias de quien es uno de los mayores expertos en la historia del monasterio benedictino ovetense: Andrés Martínez Vega, historiador y subdirector del RIDEA. Veamos qué ocurrió realmente. El Ministerio de la Guerra había propuesto al Ayuntamiento una fábrica de armas con la condición de que este facilitara un edificio y terreno adecuados. El 20 de julio de 1854 el alcalde responde al Ministerio: "Hoy, felizmente, puede ya no haber obstáculo para que se haga del convento de La Vega trasladando a las monjas a San Pelayo". Al día siguiente, el Ayuntamiento comunica a las monjas la orden de desalojo. Ese mismo día, el obispo, Ignacio Moreno, se dirige por carta al alcalde elevando su protesta: "No me opongo a que lo ocupen los coléricos, si los hubiese desgraciadamente en esta ciudad, pero sin que eso sea preciso que las monjas salgan del convento pues estas ofrecen espontáneamente reducirse a un local cualquiera del edificio y asistir con asiduidad y esmero a los enfermos. Estas condiciones deben satisfacer plenamente a la Junta ya que además de proporcionar hospital muy a propósito asistirán a estos las monjas gratuitamente". El obispo no recibe respuesta alguna a su carta ni de la Junta ni del Ayuntamiento. El 25 de julio, la Junta envía un escrito al Alcalde: "Teniendo esta Junta una necesidad apremiante de utilizar inmediatamente el convento de La Vega para un asunto de servicio encargo la mayor brevedad, a la mayor actividad y celo en el desocupo de ese edificio". Ante este mensaje, el 26 de julio, el Alcalde comunica a la comunidad "que deben trasladarse inmediatamente a San Pelayo", a lo que la octogenaria Antonia Palacio, presidenta que ejercía las funciones de abadesa, se negó. El obispo vuelve a escribir al Alcalde: "El convento de La Vega es una propiedad de la Iglesia garantizada por las leyes civiles y, sobre todo, por el último concordato (1851) aprobado y sancionado por ambas potestades y que yo, por mi dignidad, estoy obligado no solo a observar, sino a hacer que se observen las leyes de la Iglesia, solo un deber de conciencia al que no es lícito faltar, nos obliga a no poder condescender con los deseos de usted ni ordenar a las monjas que salgan de su convento". Vano intento. Ni Junta ni Ayuntamiento ceden lo más mínimo. El 30 de julio Antonia Palacio comunica al Alcalde que recibió la orden de desalojo para el 31 a las cinco de la mañana y le responde que "cediendo a la fuerza trasladaré esta comunidad a las Pelayas en el día de mañana, pero a las once y media de la noche". Las monjas rechazan la ayuda que les ofrece el Alcalde para trasladar sus enseres con carruajes. A las once y media de la noche del 31 de julio se culmina un auténtico expolio y así, la comunidad "para evitar algún atropellamiento que se susurraba y lanzando gritos al cielo se resolvió a dejar su inolvidable morada". En unos pocos días, el acoso de las autoridades atemorizó y desmoralizó a las benedictinas sin que mediase expediente desamortizador alguno y sin el más mínimo soporte legal que amparase tal expulsión. Solo la fuerza. El Ayuntamiento pretendió justificarse posteriormente aduciendo una ley desamortizadora del 29 de julio de 1837 en la que se disponía la supresión de conventos con menos de doce monjas. Dado que Santa María de La Vega contaba en ese momento con "catorce monjas de velo negro y velo blanco, así como dos educandas", obviamente, no procedía la aplicación de esta ley. La comunidad recuperó parte de sus bienes, especialmente el sepulcro de su fundadora, el archivo o los restos de las monjas. Con el tiempo, algunas se unieron canónicamente a San Pelayo. La última en hacerlo fue Manuela Mier Castañón, que devino en heredera de todos los bienes. A su fallecimiento, el 2 de junio de 1898, dichos bienes pasaron a ser propiedad de San Pelayo.

Con el fin de Santa María de La Vega se inicia la historia de la actividad fabril armera en Oviedo. Una larga historia que fraguó un conjunto histórico patrimonial industrial que forma un conjunto singular y armónico con Santullano. Además, bajo su suelo, se encuentran muchas respuestas a preguntas sobre nuestros orígenes por lo que es preciso un estudio arqueológico riguroso y completo a toda su superficie.

Las monjas de La Vega fueron víctimas de una clara injusticia. Ya que es imposible reparar lo hecho en 1854, y ante la gran oportunidad que nos brinda el presente de recuperar este espacio para construir parte del futuro de Oviedo, hagámoslo sin prisa, contando con la opinión de expertos en los distintos ámbitos afectados, con participación ciudadana, comprometidos en lograr consensos en busca de la mejor opción para la sociedad ovetense y teniendo presente la memoria de aquellas sencillas monjas que una noche de julio de 1854 fueron alevosamente expulsadas de su casa. El futuro de La Vega está por escribir.

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