Justicia y Universidad

Las infraestructuras judiciales de Oviedo arrastran desde hace años una situación de precariedad, dispersión e insuficiencia que ya no admite más aplazamientos. No es una polémica coyuntural ni un debate nuevo: es un diagnóstico compartido por los propios operadores jurídicos y por quienes creemos que la Justicia es una pieza esencial del buen funcionamiento económico y social de Asturias. Hoy existe una convicción ampliamente asumida: la solución es posible y la clave está en la Universidad.

Desde la Cámara de Comercio de Oviedo hemos sido coherentes y constantes en este planteamiento. En junio de 2025, con motivo de la entrega de la Medalla de Oro de la Cámara al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, su presidente, Carlos Paniceres, señaló públicamente la necesidad de liberar espacios adecuados para la Justicia y reclamó decisiones claras, subrayando que sin seguridad jurídica no hay inversión ni progreso. Meses después, en noviembre, quien firma estas líneas defendió en un artículo público soluciones concretas y viables en el entorno de Llamaquique, apelando a la colaboración institucional y al interés general.

Las recientes declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro; el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Lorenzo; el magistrado decano de los Juzgados de Oviedo, Jorge Punset, y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Bernardo Fernández y Alejandro Abascal, ambos asturianos, vienen a confirmar exactamente ese mismo diagnóstico. No añaden ruido ni confrontación, sino una llamada serena a compartir esfuerzos y a actuar. Lo que ayer dijeron los jueces es, esencialmente, lo mismo que venimos sosteniendo desde hace tiempo: hay alternativas razonables, hay un amplio consenso técnico, social e institucional, y hay urgencia.

Llamaquique es, sin duda alguna, el espacio idóneo para avanzar hacia una Justicia que disponga de los medios para ser más eficiente. El plan puede ser progresivo en el tiempo, pero resulta urgente iniciar alguna actuación concreta. El problema no es la falta de alternativas, sino la demora en elegir.

La Universidad de Oviedo desempeña un papel clave. Dispone en esa zona de varios inmuebles cuyo traslado al campus del Cristo ha sido anunciado reiteradamente, aunque los sucesivos retrasos de ese proceso invitan al escepticismo. Mientras tanto, las necesidades judiciales siguen creciendo y la solución sigue esperando.

Un primer paso razonable sería la cesión del edificio de Ciencias o el de Formación del Profesorado. Ambas opciones permitirían una adaptación más rápida y económica, aprovechando en gran medida las preexistencias.

En este contexto resulta difícil de justificar que el edificio que ocupaba la Escuela de Minas —más de 15.000 metros cuadrados en pleno centro urbano— se destine a usos burocrático-administrativos, con el elevado coste de adecuación que ello conlleva y, en cambio, no se destine como sede de las mencionadas facultades, tal y como se comprometió en su día. Transformar espacios concebidos para la docencia y la investigación en oficinas no parece la mejor respuesta ni a las necesidades universitarias ni a las demandas de la ciudad.

Iniciar acciones urgentes, bien fundamentadas y cooperativas supondría un alivio inmediato para la Justicia; un gesto de respeto hacia quienes la sirven; un ejemplo de colaboración entre instituciones y administraciones públicas, tan valorado por la sociedad; y una mejora evidente del entorno urbano. Asturias ha demostrado recientemente, con proyectos como el de La Vega, que la cooperación entre administraciones de distinto signo es posible y plausible cuando se antepone el interés general.

La Justicia necesita espacio, medios y decisiones. La Universidad, a la que apoyamos y respetamos sin fisuras, necesita proyectos académicos ambiciosos y coherentes con su elevada misión. La ciudad necesita acuerdos para proseguir su acelerado proceso de crecimiento y prosperidad. Desde la Cámara seguimos manteniendo hoy lo mismo que dijimos ayer: no se trata de confrontar, sino de consensuar, colaborar y decidir. Y esa decisión lleva demasiado tiempo pendiente. Demasiadas excusas y escasas soluciones al tercer poder, pilar fundamental de nuestra democracia.