El último caramelo envenenado de Pedro Sánchez para los ovetenses

Hace unos días, el gobierno de España anunció una flexibilización de las reglas fiscales que afectan a los ayuntamientos, una medida que el Ejecutivo ha querido presentar como un importante avance para las entidades locales. Sin embargo, la realidad es muy distinta, porque lejos de ser una buena noticia, este anuncio constituye el último caramelo envenenado de Pedro Sánchez para los ovetenses. El Ejecutivo pretende apropiarse ahora del papel de salvador de los ayuntamientos al flexibilizar unas reglas fiscales que fueron necesarias en 2012 para afrontar la grave crisis económica heredada del gobierno socialista. Si esa flexibilización llega hoy no es por convicción ni por un compromiso real con la autonomía municipal, sino porque el sanchismo necesita una nueva operación de marketing político con la que desviar la atención del creciente cerco judicial y de los escándalos de corrupción que acorralan al gobierno.

Durante cerca de ocho años, el gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido bloqueados los ahorros de los ayuntamientos. Ha impedido que miles de municipios con unas cuentas saneadas pudiésemos utilizar unos recursos generados gracias al esfuerzo de los ovetenses y a una gestión económica responsable. Se ha dado la paradoja de que las administraciones que mejor han administrado el dinero público han sido precisamente las más perjudicadas por unas reglas fiscales completamente desfasadas.

El Ayuntamiento de Oviedo representa perfectamente esa realidad. Gracias a una política económica basada en el rigor, la estabilidad y la responsabilidad, nuestra ciudad dispone de una situación financiera sólida, ya que cerramos el ejercicio 2025 con cifras que demuestran una gestión eficiente de los recursos públicos y el compromiso del equipo de gobierno de Alfredo Canteli con la estabilidad financiera del ayuntamiento.

Durante estos años, el Ayuntamiento ha demostrado que, con una gestión responsable y eficiente, es posible transformar la ciudad y dar respuesta a las necesidades de los vecinos. Bajo el liderazgo de Alfredo Canteli se han impulsado numerosas actuaciones, con la construcción de importantes equipamientos e infraestructuras que han mejorado la calidad de vida de los ovetenses. Sin embargo, esta capacidad de gestión podría haber sido aún mayor si el gobierno de España hubiera atendido las reiteradas peticiones de los ayuntamientos para flexibilizar unas reglas fiscales diseñadas para una situación económica muy distinta a la actual y para establecer un modelo de financiación local adaptado a las necesidades de los municipios.

Lo verdaderamente excepcional no es que ahora se anuncie una cierta flexibilización. Lo verdaderamente incomprensible ha sido mantener durante tantos años un sistema que castigaba precisamente a quienes cumplían. La buena gestión nunca debería convertirse en un obstáculo. Al contrario, debería ser incentivada.

El verdadero problema sigue siendo el mismo. España continúa sin afrontar una reforma integral de la financiación local, un modelo que lleva más de dos décadas sin adaptarse a la realidad de nuestros municipios. Mientras el coste de los servicios públicos aumenta y los ayuntamientos asumimos cada vez más competencias, seguimos funcionando con unas reglas que no responden a las necesidades actuales. Las administraciones locales somos la institución más cercana a los ciudadanos, la primera a la que acuden cuando necesitan una solución y, sin embargo, seguimos siendo las grandes olvidadas de las reformas estructurales.

Desde el equipo de gobierno de Alfredo Canteli nunca hemos reclamado privilegios. No pedimos un trato preferente ni ventajas frente a otros municipios. Lo único que defendemos es un principio básico de justicia: que los ayuntamientos que gestionan con responsabilidad puedan utilizar sus propios recursos para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Los ahorros municipales no pertenecen al gobierno de España. Son el resultado de los impuestos que pagan los ovetenses y de una administración responsable de esos recursos.

Si desaparecieran definitivamente estas limitaciones, Oviedo podría acelerar buena parte de las inversiones previstas para este mandato, continuar modernizando sus infraestructuras, reforzar los servicios municipales y responder con mayor rapidez a las necesidades de la ciudadanía. Ese es el verdadero objetivo de una buena política económica: no acumular dinero en una cuenta bancaria, sino ponerlo al servicio de quienes lo han generado.

El dinero público solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. Por eso resulta difícil comprender que durante tantos años se haya impedido a los ayuntamientos disponer de unos recursos que ya eran suyos. Lo anunciado por el Gobierno puede ser un primer paso, pero está muy lejos de resolver el problema de fondo. La financiación local necesita una reforma profunda, estable y definitiva que premie la buena gestión en lugar de castigarla.

Porque el dinero de los ovetenses debe estar al servicio de Oviedo. Nunca debió permanecer bloqueado por unas reglas fiscales que hace tiempo dejaron de responder a la realidad de nuestros municipios. Esa es la reforma que necesitan los ayuntamientos y esa es la reivindicación que seguiremos defendiendo con firmeza desde el Ayuntamiento de Oviedo.

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