Cádiz supone un recuerdo imborrable para la inmensa mayoría del oviedismo. Para muchos, un punto de inflexión que ponía fin a la etapa más triste en la historia carbayona. Pero la felicidad no fue completa para todos. A un grupo de más de un centenar de aficionados, muchos de ellos del grupo Symmachiarii, se les privó del partido de sus vidas. Una organización deficiente hizo que fueran retenidos por la policía en el momento de acceder al estadio. Habían llegado a Cádiz tras viajar toda la noche en autobús y se quedaron a las puertas de una cita histórica. Aquella mala experiencia de mayo de 2015 sigue coleando. Ayer, el grupo Symmachiarii publicó un comunicado en el que insta al Oviedo a romper relaciones con el Cádiz tras no recibir desde entonces ninguna "mínima muestra de arrepentimiento ni sentimiento de culpa" por parte del Cádiz.

Los aficionados afectados por aquella polémica decisión, a los que se les conoce popularmente como "los 155 de Cádiz", se han unido en un grupo de afectados creado con la intención de pedir responsabilidades al Cádiz, culpable según la versión de Symmachiarii de aquella situación. El abogado José Silvino Ronderos ultima los detalles de la demanda que interpondrá contra el Cádiz tras la labor de identificación de todos aquellos perjudicados que han querido unirse a la plataforma (aún pueden hacerlo en afectadosplayoffcadiz@gmail.com).

Antes de dar ese paso, el abogado intentó un acercamiento amistoso, enviando dos burofax al Cádiz (el último el 25 de mayo de 2016). "No obtuvimos ningún tipo de respuesta", revela Ronderos, decidido ahora a iniciar la vía legal para resarcir a sus clientes.

De forma paralela, el grupo le pide al Oviedo medidas adicionales. "Solicitamos al consejo de administración y a la institución que representan que se rompan relaciones o trato de cortesía hacia la junta directiva del Cádiz o su representación hasta que al menos tengan la deferencia de pedir disculpas públicamente, explican en la nota que se reproduce íntegra en esta página.

Los ecos de aquel partido llegaron a la comisión Antiviolencia, que propuso dos multas para el Cádiz. Una de 120.000 euros por "deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores" y otra de 60.000 euros por "incumplir las medidas preventivas y de seguridad establecidas al ser declarado de Alto Riesgo". Ambas están recurridas por el Cádiz en la Audiencia Provincial. También hubo una propuesta de sanción al Oviedo de 30.000 euros por "incumplir el protocolo establecido para la llegada al estadio de los autobuses de los aficionados visitantes", pero no se llegó a inicial el expediente sancionador.

El Oviedo no se ha pronunciado tras el comunicado de ayer, pero su posición se conoce desde el mismo momento del incidente, cuando los miembros del consejo abandonaron el palco del Carranza por lo sucedido. Esta misma temporada, los azules regresaron al estadio gaditano, fue en septiembre de 2016, y la actitud se mantuvo: ningún miembro de la delegación oviedista estuvo en el palco de autoridades.