En el mercado de fichajes más atípico de los últimos años, con la economía de los equipos de fútbol maltrecha por el coronavirus y los ingresos derivados de los socios en punto muerto por el fútbol sin público, cada euro cuenta para afrontar las nuevas incorporaciones. Y una fuente fundamental se encuentra en los traspasos. En ese aspecto, el Oviedo juega en una clara desventaja.
Por poner un ejemplo reciente, el fichaje del centrocampista Luis Milla, por el que el Tenerife se embolsó este verano cinco millones de euros tras su traspaso al Granada. El club isleño había pagado por él, en 2018, 500.000 euros. Ahora, el Tenerife ingresa una cantidad importante que va directa al límite salarial. Una fórmula, la de ampliar el límite salarial a través de fichajes, que en el Oviedo no sale a cuenta, aunque surgiese la posibilidad de apostar por una venta. Y, en la situación actual, con los ingresos en caída libre y en pleno reajuste de contratos, la losa de los traspasos pesa todavía más.
La explicación se encuentra en el convenio de acreedores firmado en 2004, cuando la entidad estaba en una situación deportiva calamitosa y alejado del fútbol profesional. Se estableció que, debido a las deudas con los acreedores privados, en caso de que el Oviedo afrontase un traspaso debería entregar un porcentaje correspondiente de la venta.
Dicho convenio seguirá vigente hasta 2023. Se estableció en un auto judicial, con fecha del 23 de septiembre de 2004, pero se toma como inicio del convenio la temporada 2002-2003. Por tanto, hasta dentro de tres temporadas, el club azul apenas se beneficiaría de hipotéticos traspasos. El acuerdo establece por importes los porcentajes qué deberá entregar el Oviedo si hay una venta.
Si hubiese un traspaso inferior o igual a tres millones de euros, el club debería entregar el 50%; si la cifra estuviese entre tres y seis millones, pasaría al 30%; y si es más de seis, del 20%. Todos estos condicionantes provocan que la venta de jugadores, clave para en tantas ocasiones, no sea negocio para el Oviedo. El club no se plantea la venta de jugadores actuales, pero hay varios futbolistas apetecibles en el mercado. Un ejemplo es Borja Sánchez, que tiene una cláusula de 3 millones de euros y una ficha baja. Debido a ese convenio, si el club decidiese venderle y apareciese un club dispuesto a abonar la cantidad, el Oviedo solo recibiría la mitad: 1,5 millones.
Como curiosidad, cuando se aprobó el convenio también se acordó que los traspasos de los futbolistas deberían ser aprobados por una comisión que está integrada por las siguientes personas: un representante del Betis, máximo acreedor privado del Oviedo; el interventor judicial, Celestino Suárez Viñuela; Toni Fidalgo, expresidente del Oviedo y por aquel entonces adjunto al presidente de la Liga; José María Moutas, notario del club; y otro representante de la entidad.
Este convenio que lastra posibles ventas del Oviedo es el único lunar que tiene la entidad en la actualidad tras los años de penurias económicas. El club, de la mano del grupo Carso, logró en 2010 la ansiada "deuda cero" con las entidades públicas.
