La Fiscalía pide 30 años y 9 meses de internamiento para el acusado de asesinar y decapitar a su padre en Ribera de Arriba en 2024 al apreciar un brote psicótico que anuló su voluntad
El Ministerio Público sostiene que el encausado actuó bajo un trastorno psicótico grave y solicita su absolución penal con la imposición de medidas de seguridad de larga duración

La Guardia Civil trabajando en la zona de la detención.
La Fiscalía del Principado considera que el varón que en abril de 2024 acabó con la vida de su padre en el concejo de Ribera de Arriba y protagonizó después una violenta escena en una rotonda de la N-630 actuó bajo un brote psicótico grave que anuló por completo sus capacidades volitivas e intelectivas. Por ello, interesa su libre absolución por concurrir la eximente completa de anomalía psíquica y solicita que sea internado en un centro psiquiátrico adecuado durante un total de 30 años y 9 meses, además de otras medidas de control y alejamiento.
El escrito de conclusiones provisionales fue presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Oviedo.
Una agresión en el ámbito familiar
Según expone el Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a las 21.55 horas del 8 de abril de 2024, cuando el procesado se encontraba en el domicilio familiar, en un pequeño núcleo rural próximo a Soto de Ribera, donde convivía con su progenitor, de 74 años. De acuerdo con la acusación pública, el acusado responsabilizaba a su padre de la separación matrimonial y de lo que consideraba fracasos personales y profesionales propios y de sus hermanos.
En el transcurso de una discusión, el hombre habría cogido un cuchillo de cocina con el que apuñaló a su padre. La víctima intentó defenderse sujetando el arma por la hoja. Acto seguido, el agresor tomó otro cuchillo de mayores dimensiones y trató de continuar el ataque. Al no lograr su propósito, se dirigió al garaje y regresó con un hacha de grandes dimensiones.
La víctima trató de huir hacia una vivienda cercana, a unos 50 metros, pidiendo auxilio. Sin embargo, antes de poder refugiarse, fue alcanzada y golpeada en varias ocasiones con el hacha, lo que le causó la muerte. Posteriormente, el acusado decapitó el cadáver y se dirigió a pie hacia la glorieta que enlaza con la carretera nacional, desprendiéndose de parte de la ropa durante el trayecto.
Escenas de pánico en la rotonda
Ya en la rotonda, el procesado comenzó a proferir gritos incoherentes y a arremeter contra los vehículos que circulaban por la zona. Según la Fiscalía, intentó abrir la puerta de un turismo tras golpear el techo con el hacha, con la supuesta intención de matar al conductor, que logró huir. También atacó a otros vehículos, llegando a clavar el hacha en el parabrisas de uno de ellos, cuyo conductor consiguió escapar ileso aunque sufrió un fuerte episodio de ansiedad posterior.
En otro momento, se subió al capó de un coche, causando desperfectos, y acabó cayendo al suelo cuando el conductor aceleró. Después, ya completamente desnudo, comenzó a golpear y lanzar la cabeza de su padre contra distintos vehículos, entre ellos el de un agente de la Guardia Civil fuera de servicio.
Alertadas por los conductores, varias patrullas acudieron al lugar. El acusado recibió a los agentes arrojándoles la cabeza y profiriendo amenazas de muerte. Con la ayuda de un guardia civil jubilado que se encontraba en la zona, los efectivos lograron reducirlo empleando la fuerza imprescindible y medios reglamentarios. Ninguno de los agentes resultó lesionado.
Diagnóstico psiquiátrico
El Ministerio Fiscal sostiene que el encausado cumple criterios de trastorno esquizoide de la personalidad y que en la fecha de los hechos padeció un trastorno psicótico breve que requirió ingreso psiquiátrico urgente y contención mecánica. Aunque la fase aguda remitió con tratamiento farmacológico, persiste la patología de base, de carácter crónico y susceptible de nuevos brotes.
A juicio de la acusación pública, ese brote psicótico grave provocó una afectación completa de los elementos que conforman la imputabilidad, por lo que concurre la eximente completa de alteración psíquica respecto de todos los delitos.
Delitos y medidas solicitadas
La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de homicidio consumado, dos delitos de homicidio en grado de tentativa y un delito de atentado a agentes de la autoridad.
Por el homicidio consumado solicita el internamiento en un centro adecuado durante 14 años, además de la prohibición de aproximarse a sus dos hermanos a menos de 200 metros y de comunicarse con ellos durante 20 años, así como cinco años de libertad vigilada con control judicial y tratamiento ambulatorio.
Por cada uno de los dos homicidios en grado de tentativa interesa 7 años y 6 meses de internamiento y medidas de libertad vigilada durante 2 años y 6 meses.
Por el delito de atentado, reclama 1 año y 9 meses de ingreso en centro psiquiátrico y dos años de libertad vigilada.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita indemnizaciones de 25.000 euros para cada uno de los hermanos del fallecido, cantidades para las aseguradoras por los daños materiales en vehículos y 1.200 euros para uno de los conductores afectados por las secuelas psicológicas, además de los gastos médicos y de reparación que se determinen en ejecución de sentencia.
Un entorno marcado por la sorpresa
El suceso conmocionó a los escasos vecinos del pequeño núcleo de El Picón, una agrupación de cuatro viviendas situada a escasos metros de la glorieta donde se produjeron los ataques. En la zona, el procesado era descrito como una persona de trato correcto y discreto, con escasa vida social. Algunas fuentes apuntaron tras los hechos a la existencia de problemas de salud mental y a la falta de seguimiento regular del tratamiento.
La investigación judicial deberá determinar ahora la procedencia de las medidas interesadas por la Fiscalía, que subraya la necesidad de un control psiquiátrico continuado ante el riesgo de recaídas en una patología de carácter crónico.
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