Salas profundiza en la testamento vital, un documento que refleja "qué es lo que queremos para cuando no nos podamos expresar"

La undécima edición de las Jornadas de Salud de Salas arrancó este miércoles en la casa de la cultura Juan Velarde Fuentes con la ponencia "Testamento vital y derechos al final de la vida", la cual corrió a cargo de Begoña Pedrosa y Pilar Cartón, presidenta y activista, respectivamente, de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Durante la charla, ambas ponentes detallaron los derechos que tienen las personas al final de sus vidas y, concretamente, hablaron sobre uno de los instrumentos "más importantes": el testamento vital o Documento de Instrucciones Previas (DIP).

"Este documento refleja qué es lo que queremos para cuando no nos podamos expresar si estamos afectados por una enfermedad crónica, terminal o irreversible", señaló Begoña Pedrosa, que explicó que se trata de un documento "muy personal" en el cual "cada uno expresa lo que necesita o desea". Este testamento vital, tal y como detalló la presidenta de DMD, es "válido para toda la sanidad pública de España".

Facilita el trabajo de los sanitarios

Además, no solo es una herramienta útil para los pacientes, sino que también facilita la labor de los profesionales sanitarios, puesto que "tienen acceso a él" y "les ayuda mucho a decidir cómo proceder".

Actualmente, en Asturias existen más de 16.000 documentos de instrucciones previas registrados, lo que sitúa al Principado en cuarta posición nacional, tan sólo por detrás de Catalunya, Navarra y Euskadi en implantación del testamento vital. Además, en los últimos dos años "ha habido un incremento importante de testamentos registrados" debido a que es un trámite "gratuito y sencillo".

En cuanto al perfil mayoritario de personas que registran su testamento vital en Asturias, Pedrosa desveló se trata de mujeres de entre 50 y 70 años. En total, siete de cada diez personas que lo solicitan en el Principado son mujeres. Tal y como reflexionó la presidenta de DMD, esto se podría deber al "papel de cuidadora" que ha asumido históricamente la población femenina y que "nos acerca más a la muerte de los seres queridos".

Además, el testamento vital es un documento "vivo" el cual puede ir modificándose según los cambios de opinión o necesidades de la persona interesada. "En cualquier momento se puede renovar", puntualizó Pedrosa. Así, las personas que cuentan con documentos "más antiguos" han ido poco a poco modificándolos a medida que ha ido cambiando también la legislación, especialmente con la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia, derecho que también está contemplado en el testamento vital.

La solicitud del testamento vital puede realizarse ante la trabajadora social del centro de salud asignado, en el registro de instrucciones previas de la Consejería de Salud o en el Ayuntamiento u oficinas de registro de la administración del Principado.

La eutanasia, una medida con muchos filtros

Tal y como explicó Pedrosa, la eutanasia en Asturias es, aún, un derecho que apenas ha sido solicitado. En concreto, en el año 2024, último de que se tienen datos (actualmente se están calculando las cifras del 2025), fueron seis las personas que lo solicitaron. "Es una prestación minoritaria, pero es muy importante que tengamos reconocido este derecho y que podamos solicitarlo", afirmó la presidenta de DMD, que detalló que es "una medida garantista que pasa por muchos filtros", tras los cuales, si se cumplen las condiciones, "se concede". En ese sentido, Pedrosa señaló que en Asturias no se han experimentado casos en los que fuese necesario acudir a los tribunales, situación que sí ha sucedido en otras comunidades autónomas.

En cuanto al proceso de solicitud, Pedrosa explicó que "no es complicado" pero que sí es necesario que la petición cumpla los requisitos. Así, el Principado publicó recientemente una aplicación llamada "Mi Principado" a través de la cual se puede realizar la primera solicitud, tras la que, pasados unos meses, se ratifica con una segunda. Posteriormente, el solicitante acude a una comisión de garantía y evaluación compuesta por sanitarios, juristas y psicólogos, entre otros, que son quienes dictaminan. "Si se cumplen los requisitos, se aprueba y se acuerdan los plazos con el solicitante", concluyó Pedrosa.