De Salas a la Junta General: la lucha de dos madres de La Espina logra llevar el transporte de Bachillerato al centro del debate en Asturias
Foro Asturias llevó a la Junta General una proposición no de ley recién aprobada que busca garantizar el transporte para los estudiantes de etapas no obligatorias de las zonas rurales

El alcalde Salas, Sergio Hidalgo; Saúl y María Oliva, Amalia y Raúl; y la concejala de Infancia, Ana Pérez. / R. M. F. S.
Marcos Francos Segurola
Un reclamo, dos madres en una aldea y un problema que acabó llegando al Parlamento asturiano. Ese fue el escenario con el que María Oliva Segurola y Amalia del Oso afrontaron el inicio de curso cuando sus hijos, Saúl y Raúl, se quedaron sin transporte para recorrer los cerca de diez kilómetros que separan La Espina, donde residen, del instituto de Salas, donde estudian.
Siete meses después, tras llamadas, correos y respuestas que no llegaban, su caso ha terminado en la Junta General con la aprobación de una proposición no de ley (PNL) que plantea garantizar el transporte para el alumnado de Bachillerato en el medio rural a nivel regional.
Dos estudiantes excluidos
En total, seis estudiantes de bachillerato usan este curso la ruta de La Espina, pero solo dos se quedaron excluidos del transporte. Mientras no se cambie la normativa, los jóvenes dejan de tener transporte público garantizado al llegar al instituto. Sin embargo el caso de Saúl y Raúl fue llamativo porque fueron los dos únicos alumnos del instituto salense en esta situación. Así las cosas, se vieron obligados a recurrir al Alsa universitario. Eso implicaba salir antes de casa y llegar al centro con casi una hora de antelación, con tiempos muertos hasta el inicio de las clases.
“Nos decían que para ellos no había sitio, pero para el resto de bachillerato sí. Era injusto y nos vimos muy solas”, explican. “Como solo nosotras teníamos el problema, adiós muy buenas”, añaden. La situación, según relatan, contrastaba además con años anteriores, cuando otros alumnos de la misma zona sí habían contado con transporte sin incidencias. “La justificación que nos daban los organismos era que nuestros hijos no tenían derecho al transporte porque no había sitio, y entonces había que cubrirlo con los que sí tenían ese derecho garantizado por ley”, aclaran.
Soluciones a medias
El primer ajuste llegó a través del Consorcio de Transportes, que modificó el horario del autobús universitario tras el aviso de la concejala de Infancia de Salas, Ana Pérez. El cambio alivió parcialmente la ida, pero no resolvió el problema de fondo, especialmente en el trayecto de vuelta, donde seguían dependiendo de horarios poco compatibles o de soluciones familiares.
Ante la falta de una respuesta definitiva, las familias decidieron visibilizar el caso. Enviaron una carta a la Consejería de Educación, realizaron llamadas a distintos organismos y expusieron la situación públicamente. La difusión del problema hizo que varios grupos políticos comenzaran a interesarse por el caso.
Abstención del PSOE e IU
Tras hablar con la consejera de Educación, Eva Ledo, las familias se encontraban a la espera de soluciones cuando llegó un nuevo paso. Vino de la mano de una reunión entre el Ayuntamiento y el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, que trasladó el problema a la Junta General en forma de proposición no de ley. La iniciativa salió adelante hace unos días con el apoyo del PP, Vox y el Grupo Mixto-Covadonga Tomé y la abstención del PSOE e Izquierda Unida.
El texto plantea garantizar una solución de transporte para el alumnado de etapas no obligatorias en el medio rural cuando no exista alternativa adecuada, ya sea por distancia, horarios o falta de servicio. Entre las medidas propuestas figuran la adaptación de rutas escolares, la creación de nuevas paradas o la coordinación con el transporte público.
Además, propone permitir que estos estudiantes puedan utilizar rutas escolares ya existentes —pensadas inicialmente para etapas obligatorias— siempre que se garantice el correcto funcionamiento del servicio. Sin embargo, al tratarse de una PNL, su aplicación no es automática y dependerá de cómo el Gobierno autonómico concrete estas medidas en la práctica.
Reacciones y expectativas
“Aunque el Bachillerato no sea una educación obligatoria, es necesaria”, señala el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, que considera la aprobación un paso para “facilitar la formación en la zona rural”. Por su parte, Ana Pérez aclara que desde el Consistorio tienen reuniones pedidas con Consejería y con el Consorcio desde principios de curso que “todavía no tienen planteada ni fecha”.
Las familias, por su parte, reciben la decisión con cautela. Hablan de “sorpresa” y de “una satisfacción enorme”, pero insisten en que el problema no estará completamente resuelto hasta que las medidas se traduzcan en cambios reales en el día a día de los estudiantes.
“Ahora, a cruzar los dedos”, resumen.
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