El análisis de Faustino Blanco sobre el nuevo estatuto marco del Sistema Nacional de Salud: "Debe pasar de una norma laboral a un instrumento de transformación institucional"

El debate sobre el nuevo Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud ha adquirido en España una intensidad poco habitual y, en ocasiones, demasiado centrada en la confrontación inmediata. No es extraño, pues afecta a cerca de un millón de profesionales y configura aspectos como la jornada laboral, las guardias, los descansos, la conciliación, la estabilidad, la carrera profesional, la clasificación de categorías, la investigación, la docencia, la gestión o la movilidad.

Sin embargo, cuanto más avanza el debate, más evidente resulta que seguimos discutiendo sobre el presente, cuando deberíamos estar diseñando el marco profesional de las próximas décadas.

La cuestión no debería ser únicamente qué Estatuto desean hoy los profesionales ni qué reivindicaciones son legítimas, sino otra mucho más estratégica: ¿Qué Sistema Nacional de Salud ofrecerá las mejores oportunidades de desarrollo profesional durante los próximos veinticinco años? Y, en consecuencia: ¿Qué Estatuto necesita ese sistema para hacerlo posible?

Responder a esa pregunta cambia completamente la perspectiva. Desplaza el foco desde una negociación entendida únicamente como reparto de derechos y obligaciones hacia una auténtica política de Estado orientada a desarrollar el principal activo del Sistema Nacional de Salud: sus profesionales. El Estatuto deja así de contemplarse solo como una norma laboral para convertirse en un instrumento de transformación institucional.

Durante más de veinte años, el Estatuto Marco ha proporcionado un régimen común de derechos, deberes y garantías para todos los profesionales estatutarios. Ese marco ha contribuido a la cohesión del sistema, a la movilidad profesional, a la planificación de los recursos humanos y a garantizar una atención equitativa a los ciudadanos con independencia de la comunidad autónoma en la que residan.

Ese patrimonio institucional merece ser preservado. Las singularidades de las distintas profesiones deben reconocerse y desarrollarse, pero sin fragmentar una arquitectura común que ha fortalecido al Sistema Nacional de Salud desde su creación. Preservar aquello que ha funcionado no significa, sin embargo, ignorar que el contexto ha cambiado profundamente.

España afronta el envejecimiento de la población, la cronicidad, las dificultades para atraer y distribuir profesionales, la presión sobre la atención primaria, las listas de espera y unas expectativas ciudadanas crecientes sobre calidad, accesibilidad y resultados. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial (IA), la medicina personalizada, la integración de datos clínicos, genómicos y poblacionales, el Espacio Europeo de Datos de Salud, la evaluación por resultados y la digitalización están transformando la práctica clínica con una intensidad desconocida.

Los profesionales que hoy comienzan su carrera desarrollarán buena parte de su vida laboral en un entorno muy diferente. Trabajarán junto a sistemas de IA, utilizarán plataformas interoperables de datos, participarán en redes nacionales y europeas de investigación y combinarán asistencia, innovación, docencia, gestión clínica y generación de conocimiento. El Estatuto debe diseñarse pensando en ese escenario y no solo en las necesidades del presente.

También cambian sus expectativas: buscan estabilidad y buenas condiciones laborales, pero precisan organizaciones donde puedan aprender de forma continua, investigar, innovar, participar en las decisiones, ejercer liderazgo y desarrollar su talento. En un mercado profesional competitivo, atraer y retener profesionales exigirá mucho más que ofrecer plazas: requerirá proyectos profesionales atractivos, reconocimiento y oportunidades reales de desarrollo.

Por ello, el mejor Estatuto no será solo el que ordene mejor las relaciones laborales, sino el que contribuya a construir un Sistema Nacional de Salud más inteligente, innovador, cohesionado y preparado para afrontar los desafíos futuros. Ello exige evolucionar desde una visión centrada en la regulación del empleo hacia otra orientada al desarrollo de capacidades institucionales. La verdadera ventaja competitiva del sistema sanitario no reside solo en disponer de buenos profesionales, sino en crear capacidad colectiva para aprender, adaptarse e innovar de manera continua.

El Estatuto debe reconocer nuevas competencias en salud digital, ciencia de datos, inteligencia artificial, evaluación de tecnologías sanitarias, gestión clínica, liderazgo, seguridad del paciente y trabajo interdisciplinar. Del mismo modo, debería considerar la investigación, la innovación, la docencia, la transferencia de conocimiento y la evaluación de resultados como componentes normales del desarrollo profesional, no como actividades marginales o dependientes de la iniciativa individual.

Pero ese cambio requiere también una evolución del modelo de gobierno del Sistema Nacional de Salud hacia una gobernanza adaptativa, cooperativa y participativa; no para cuestionar la descentralización ni las competencias autonómicas, sino para hacerlas más eficaces mediante cooperación, planificación compartida, información común, evaluación sistemática y aprendizaje colectivo.

La gobernanza adaptativa no equivale a deliberación permanente. Significa pasar de una dirección basada casi exclusivamente en la jerarquía a otra que incorpora cooperación funcional, confianza institucional, participación profesional, transparencia y adaptación. Propone ejercer una dirección cooperativa, coordinando redes, compartiendo información, impulsando la innovación, evaluando resultados y acercando las decisiones allí donde se atiende a los pacientes.

En sistemas sanitarios complejos y sometidos a rápida evolución tecnológica, la cooperación deja de ser una opción para convertirse en una condición de buen gobierno. La fortaleza del Sistema Nacional de Salud dependerá cada vez menos de la capacidad de cada parte para actuar de forma aislada y más de su disposición a aprender conjuntamente, compartir conocimiento y transformar la experiencia acumulada en mejores decisiones clínicas y organizativas. Esta orientación coincide con la orientación de las políticas sanitarias europeas.

El Espacio Europeo de Datos de Salud, la evaluación conjunta de tecnologías sanitarias, las redes europeas de referencia o las nuevas estrategias de investigación e innovación están diseñadas para sistemas sanitarios capaces de cooperar, generar confianza y convertir el conocimiento en una auténtica infraestructura estratégica para mejorar la salud de la población.

El Estatuto Marco debería contribuir a esa transformación, no porque deba regular todos esos procesos, sino porque puede facilitar las condiciones para que los profesionales desarrollen capacidades que hagan posible un sistema más innovador, cooperativo y orientado al valor.

En este contexto, la clasificación profesional, la carrera, la movilidad, la formación continuada, la evaluación del desempeño, la investigación o la profesionalización de la gestión dejan de ser cuestiones corporativas para convertirse en elementos de estrategia institucional.

Con demasiada frecuencia se plantea un falso dilema entre responder a las demandas de los profesionales o garantizar la sostenibilidad del sistema, cuando ambas cuestiones forman parte del mismo objetivo. Los mejores sistemas sanitarios son aquellos capaces de atraer, desarrollar y retener talento porque son organizaciones excelentes donde merece la pena trabajar y donde el crecimiento profesional mejora los resultados en salud.

Desde esta perspectiva, la propuesta de establecer estatutos profesionales diferenciados debe analizarse con cautela. Puede responder a reivindicaciones legítimas, pero será una falsa solución si conduce a fragmentar el marco común del Sistema Nacional de Salud. La fragmentación normativa difícilmente resolverá los problemas de desarrollo profesional y, sin embargo, puede debilitar la cooperación, la movilidad y la identidad compartida que necesita un sistema basado en equipos multidisciplinares complejos.

La sanidad pública no funciona como una suma de intereses corporativos, sino como una organización que obtiene sus mejores resultados cuando médicos, enfermeras, farmacéuticos, técnicos, profesionales de gestión y nuevos perfiles vinculados a los datos, la tecnología, la calidad, la seguridad y la coordinación asistencial desarrollan su trabajo sobre un proyecto común.

Existe además una dimensión poco visible pero decisiva: un "pegamento invisible" formado por aquellos profesionales que sostienen la cultura organizativa, facilitan la coordinación, transmiten conocimiento, anticipan problemas y garantizan la continuidad diaria. Su aportación rara vez aparece en los debates normativos, pero resulta imprescindible para la calidad, la seguridad y la capacidad de aprendizaje del sistema.

Reconocer mejor a los profesionales es necesario, pero ese reconocimiento debe vincularse a la responsabilidad, las competencias, el desempeño y la contribución efectiva de cada perfil, sin debilitar el proyecto institucional compartido. El desafío no consiste en construir compartimentos estancos, sino en diseñar mecanismos más inteligentes que permitan valorar el talento en todas sus formas dentro de un mismo sistema.

Hace cuarenta años, la Ley General de Sanidad sentó las bases del Sistema Nacional de Salud. Hoy, la reforma del Estatuto Marco ofrece una oportunidad similar: convertirse, tras más de dos décadas de vigencia de la Ley 55/2003, en la norma que impulse el desarrollo profesional, fortalezca las capacidades institucionales y prepare el Sistema Nacional de Salud para un entorno de cambio permanente.

No se trata únicamente de aprobar un nuevo Estatuto Marco, sino de decidir qué Sistema Nacional de Salud queremos para los próximos 20 años. Un sistema capaz de desarrollar el talento de sus profesionales, aprender de forma continua, cooperar entre organizaciones e innovar con responsabilidad. En definitiva, un Sistema Nacional de Salud que haga de sus profesionales no solo su principal recurso, sino su principal valor estratégico.

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