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El juez descarta que el incendio con dos muertos de El Berrón sea atribuible a la comunidad

El magistrado, con los peritos, ve imposible determinar si el fuego se inició en la instalación colectiva o en la de uno de los vecinos

Agentes de la Policía Nacional, inspeccionando el edificio poco después del incendio. | Miki López

Agentes de la Policía Nacional, inspeccionando el edificio poco después del incendio. | Miki López

El titular del Juzgado número 1 de Oviedo ha desestimado la reclamación de cantidad planteada por los familiares de los afectados en el incendio ocurrido en El Berrón en febrero de 2018, en el que fallecieron Rubén Fonseca Patallo, de 41 años, y Aurelia Díaz, de 83, y se registraron varios heridos. Demandaban una compensación por un total de 106.425 euros por una supuesta negligencia de la comunidad de vecinos en la conservación de la instalación eléctrica. El juez entiende que no se puede determinar con precisión dónde se originó el incendio y si esa parte de la instalación era propiedad individual de algún vecino o de la propia comunidad. Dos peritos sostienen que el punto donde se iniciaron las llamas es propiedad de uno de los residente, por lo que la comunidad no tiene responsabilidad, y el magistrado se ha decantado por esta tesis.

Esta es la primera vez que un juez falla sobre los fatídicos hechos ocurridos el día 26 de febrero de 2018 en el número tres de la calle Río Magostales. Aquel día, Rubén Fonseca Patallo falleció tratando de proteger a su hija de cinco años, que sufrió graves quemaduras y tuvo que ser trasladada a la Unidad de Grandes Quemados de Madrid. Lo mismo que Aurelia Díaz, que sobrevivió al incendio, pero falleció días después debido a las gravísimas lesiones sufridas. Otro superviviente de este siniestro, Ángel Alonso, que pudo refugiarse en su casa, moriría unos meses después al despeñarse con su todoterreno volviendo de la jira de Cuevallagar.

En el momento, se consideró que el incendio se había originado a la altura del portal, donde había varios bajos. Los peritos y un agente policial indicaron que las llamas se habrían iniciado “en la parte inferior izquierda de la centralización de los contadores”.

Los peritos defendieron que lo más probable es que ese tramo de la instalación eléctrica perteneciese a algún titular individual. Asimismo, indicaron que pocos días antes de que se produjera el fuego, uno de los locales situados en los bajos solicitó ampliar la potencia que le llegaba, algo para lo que la instalación del edificio, en principio, estaba preparada, “pero quizás debería investigarse”.

Los demandantes denuncian una dejadez a la hora de realizar el mantenimiento de la instalación por parte de la comunidad, razón por la que, a su juicio, se produjo el incendio. En concreto, aluden al cambio del contador del edifico en 2015, apuntando que no consta “que se hayan revisado en los últimos años o incluso décadas”. Preguntados durante su comparecencia, los peritos aclararon que la sustitución del contador se realizó para cumplir con la normativa europea, que obligaba a eliminar los dispositivos analógicos, sustituyéndolos por otros digitales.

Al magistrado no le convenció la explicación sobre el origen del fuego de los informes y acabó optando por desestimar la demanda de los afectados, al considerar que la negligencia no se puede probar. Todo debido a que considera imposible determinar con precisión dónde se iniciaron las llamas y si la parte de la instalación era de responsabilidad comunitaria o individual. De esta manera, tres años después del suceso, sigue sin precisarse qué ocurrió.

En el fuego del número 3 de la calle Río Magostales, cinco personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo, aunque de pronóstico leve. Entre ellos se contaba una mujer de 39 años, una menor de 15 –la esposa y la otra hija de Rubén Fonseca Patallo–, un varón de 82 y otra mujer de 62. Cuatro de los intoxicados fueron dados de alta rápidamente mientras una quinta persona tuvo que permanecer en observación.

El Centro de Coordinación de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió varios avisos, el primero a las dos y veinte de la madrugada. En las llamadas, se indicaba que se habían quedado sin luz en el edificio y les olía a quemado. El inmueble tenía 5 alturas y 6 viviendas por cada piso. Señalaron en esa misma llamada que los vecinos estaban muy nerviosos y alterados.

Los familiares de algunos afectados denunciaron a la comunidad y la aseguradora por una supuesta negligencia y acaban de ver cómo el Juzgado número 1 desestima sus pretensiones, que alcanzaban los 106.425 euros de indemnización, más el pago de las costas judiciales. Ahora, los denunciantes tienen la opción de presentar un recurso de apelación contra la decisión del órgano judicial en un plazo de 20 días y que sería dirimido por la Audiencia Provincial. En principio, las partes implicadas dan casi por seguro que se producirá este recurso, por lo que el proceso continúa.

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