Un informe jurídico firmado por el catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Huergo y elaborado por encargo del Ayuntamiento avala la legalidad de una hipotética disolución de la Policía Local de Siero y plantea fórmulas alternativas para garantizar el servicio de seguridad a la ciudadanía. “Los ayuntamientos tienen una serie de servicios públicos obligatorios, dentro de los cuales no se encuentra la Policía Local. La legislación regional establece el derecho de creación de este cuerpo en los municipios de más de 5.000 habitantes, pero es una posibilidad, una potestad, y no una obligación”, detalló ayer Alejandro Huergo durante una comparencia pública junto al regidor sierense, Ángel García, quien ya ha puesto encima de la mesa más de una vez la posibilidad de disolver el cuerpo policial.
El informe fue encargado en el marco del enfrentamiento entre el Regidor y parte de la plantilla policial, especialmente el sindicato Sipla, y se presentó ayer, poco después de un tenso Pleno en el que abordó esta cuestión. “Este informe no quiere decir que vaya a disolver la Policía Local. Simplemente es una posibilidad que en ningún caso se debería descartar si lo que se busca es dar el mejor servicio a los ciudadanos”, advirtió Ángel García en presencia de Huergo.
El objetivo del informe, añadió el Alcalde, pasaba por resolver tres preguntas. Si la ley obliga a mantener a la Policía Local. En el caso de no hacerlo, si se puede disolver y qué otras fórmulas existen para prestar el servicio que actualmente está llevando a cabo. “Es un derecho que tiene el Ayuntamiento y sí se puede suprimir. De hecho, hay muchos Ayuntamientos en Asturias que carecen de ese cuerpo”, indicó el catedrático.
“Existen las necesidades públicas de seguridad, pero cada administración debe evaluar como las presta mejor”, añadió Huergo, quien afirmó que, si no hubiera Policía Local en Siero, las funciones que tiene asignadas las haría otro cuerpo ya existente.
Entre las distintas fórmulas jurídicas que mencionó para esta cuestión, el experto señaló el caso de Andalucía, “donde cada vez más administraciones locales comparten policía”, o de Cataluña, donde hay ayuntamientos que llegan a acuerdos con la policía autonómica para que se encarguen de su seguridad. Llegado el caso, y al no existir policía autonómica en Asturias, Siero podría lograr que la Policía Nacional se hiciera cargo de las funciones de la Local en caso de extinción.
Si se disolviera el cuerpo no se despediría a los trabajadores, sino que la ley prevé qué hacer en cada caso en función al régimen laboral del agente en cuestión.
La oposición denuncia una “grave merma” de servicios municipales: “Hay que solucionarlo”
I. G.
Pleno extraordinario y tenso el de ayer en Siero, con la Policía Local como protagonista y convocado a raíz de una petición conjunta de los opositores Ciudadanos, Somos, PP e IU, ante lo que consideran “una grave merma en los servicios públicos” del concejo y, en especial, por la situación que atraviesa el cuerpo policial. “Hay que poner soluciones a lo que está pasando”, señaló el portavoz del PP, Hugo Nava, hablando en nombre suyo y del resto de formaciones que suscribieron la iniciativa.
Después de una serie de aclaraciones sobre la normativa interna de convocatorias de Pleno, se procedió a leer un manifiesto del Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (Sipla). El colectivo protestaba ante la falta de efectivos y negligencias en materia la seguridad. A continuación, intervinieron los distintos grupos municipales, indicando que el problema va mucho más allá. Nava, del PP, señaló que las estadísticas del Ministerio de Interior sobre criminalidad reconocen las deficiencias.
Desde IU se mencionó que la “mala gestión, sobrecarga y cierre de recursos se produce también en otros ámbitos, como en servicios sociales”. Esa idea la recalcó Somos. “No hay acuerdos, los servicios se privatizan y se amortizan plazas”, afirmó su edil, Javier Pintado. Ciudadanos, además, manifestó que los grupos municipales están teniendo dificultades de acceso a la información del Consistorio ante la falta de regularidad de las comisiones.
Por su parte, el alcalde, Ángel García, también expuso su punto de vista. Señaló que el 1 de noviembre de 2019 hizo un control a la comisaría, y que, como se recoge en un acta, se constató que había incumplimientos en los horarios de trabajo y en otras cuestiones. A raíz de eso, el equipo de Gobierno municipal decidió tomar cartas en el asunto y ahí se iniciaron los problemas. “En salarios, la Policía Local nos cuesta 2,4 millones de euros. Con el resto de gastos esa cifra asciende casi a 2.6 millones de euros. Es una cantidad muy importante teniendo en cuenta el presupuesto del Ayuntamiento”, indicó el Regidor, que denunció, en una rueda de prensa posterior, que había sufrido “acoso” y “hostigamiento” por intentar solventar esta cuestión: “Estoy completamente convencido de que no habríamos ido al juzgado ni una sola vez si hubiésemos accedido al chantaje”, concluyó.
