El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, apeló esta mañana al “diálogo” para “corregir y mejorar” la situación de la Policía Local. A este respecto, afirmó que su “primer objetivo” como máximo responsable de ese cuerpo policial es que “funcione correctamente, cumpla con sus obligaciones, atienda a los ciudadanos y que, por tanto, se haga necesario”. El Regidor hizo estas manifestaciones tras mantener una reunión en la sede de la Escuela de Formación de Policía Local de La Morgal (Llanera) con representantes de la Unión de Policías Asturianas (UPA), colectivo fundado recientemente y que ya cuenta con implantación en Ribadedeva, Cangas de Onís, Piloña, Nava, Noreña, Cangas de Narcea, Navia, El Franco, Granada de Salime, Muros del Nalón, Coaña, Pravia, Colunga, Ribadesella, Llanera y Candamo.
El balance de la reunión, según el Alcalde, fue satisfactorio y, a este respecto, agradeció la “buena predisposición” de los miembros de la asociación profesional que asistieron al encuentro, Eduardo García, jefe de la Policía Local de Noreña, y Jorge Pruneda, subinspector de la Policía Local de Nava. Acompañado por Víctor Villa, concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel García afirmó que “la mayoría de los policías locales son gente comprometida, que quiere cumplir con sus obligaciones y olvidarse de conflictos que no aportan nada, para prestar servicio con profesionalidad y dedicación al ciudadano”.
Los constantes desencuentros con el sindicato Sipla llevaron al regidor sierense a encargar un informe sobre el futuro de la Policía Local de Siero al catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Huergo. El experto avaló la legalidad de una hipotética disolución del cuerpo y planteó, además, fórmulas alternativas para garantizar el servicio de seguridad a la ciudadanía. Para Huergo, los ayuntamientos tienen una serie de servicios públicos obligatorios, dentro de los cuales no se encuentra la Policía Local. La legislación regional establece el derecho de creación de este cuerpo en los municipios de más de 5.000 habitantes, pero como una posibilidad y no como una obligación.
El último capítulo de la batalla judicial entre el sindicato policial y García se vivió el mes pasado, cuando el Juzgado decretó el sobreseimiento de la demanda por prevaricación presentada por el Sipla contra el Alcalde y la edil de Urbanismo. El hecho que motivó ese litigio fue la concesión de una licencia “de cuarenta euros” para pintar una barandilla en el domicilio de la pareja del Regidor.
