La Nueva España de Siero

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A juicio por estafar a dos familias en una operación inmobiliaria en el área de Siero

Los seis acusados, entre los que no se cuenta el constructor, que ya falleció, se enfrentan a penas de hasta tres años en la Audiencia

El exterior de la Audiencia Provincial. | IRMA COLLIN

Seis personas se sientan la semana que viene en el banquillo de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, para responder de un presunto delito de estafa, del que habrían sido víctimas dos familias de la zona de Siero. Las familias cedieron terrenos a un constructor con el fin de permutarlos por viviendas una vez se levantase el edificio que proyectaba. Las obras se realizaron, pero a la hora de la verdad, se incumplió lo pactado, según sostienen las víctimas y el ministerio público. Tras varios traspasos de la propiedad, las viviendas fueron vendidas a través de una inmobiliaria y las familias que habían cedido sus terrenos no recibieron nada. El monto de la estafa asciende a medio millón de euros, según indicó el abogado de una de las familias, Francisco Alonso.

En el banquillo se sienta el matrimonio formado por M. M. G. y M. A. R. M., a quienes el constructor y su esposa hipotecaron las viviendas, realizando una falsa permuta, siempre según las acusaciones. El matrimonio, a su vez, transmitió las viviendas a una promotora con sedes en Castrillón y Oviedo, que realizó la venta de los pisos a través de una inmobiliaria de la zona de Siero. El administrador de la promotora, M. V. P., y el de la inmobiliaria, P. V. A., son padre e hijo, y comparten banquillo con los anteriores.

Entre los acusados no se cuenta sin embargo el constructor –sí otros familiares suyos–, puesto que ya falleció. Los hechos ocurieron hace unos quince años.

La primeras diligencias judiciales del caso se realizaron en el año 2012 por un juzgado de Pola de Siero, y se reanudaron posteriormente en 2016.

Siete años después, el caso llega a la Audiencia Provincial de Asturias, que verá el caso el próximo miércoles.

A los seis implicados se les solicitan penas de hasta tres años de prisión por un delito de estafa, así como indemnizaciones por el valor de las viviendas no entregadas a los perjudicados, que alcanzarían el medio millón de euros. El letrado Francisco Alonso explicó que el juicio ha tardado en celebrarse por haberse cruzado procedimientos civiles relacionados con el caso.

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