Más de ocho décadas de cárcel: la gran condena a la que se enfrentan cinco narcos por los 600 kilos de coca incautados en Siero

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de los cinco procesados que fueron detenidos con 600 kilos de cocaína en una nave en Siero en 2022, tras una operación internacional en la que intervinieron varios agentes encubiertos. El escrito del Ministerio Fiscal llega tan solo 24 horas después de que la Guardia Civil descubriese un alijo de 400 kilos en San Esteban (Muros del Nalón).

Esta macro operación policial, en la que habría caído Carlos García Morales, “El Matador”, se remonta a septiembre de 2022, cuando la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional recibe un escrito de la Fiscalía de Illinois (Chicago, Estados Unidos) solicitando la apertura de un procedimiento judicial en el marco de una investigación conjunta con la agencia estadounidense Homeland Security Investigations, la Policía Nacional de Colombia y la UDYCO Central.

En dicho documento se explicaba que en febrero de 2022 se identificó al jefe de una organización dedicada al tráfico de drogas radicada en Colombia y que las autoridades de Estados Unidos habían iniciado una operación encubierta, logrando introducir a un agente infiltrado. La organización pretendía enviar a España dos toneladas de cocaína empleando una embarcación que recogería la droga en aguas internacionales.

El 25 de septiembre, la organización entregó 67 bultos con 20 paquetes cada uno (un total de 1.340 paquetes) a los agentes infiltrados que en ese momento los esperaban a bordo de un barco encubierto en aguas internacionales del Caribe, a unas 200 millas náuticas de Barbados. Tres días después, la mercancía fue procesada en San Juan (Puerto Rico), dando positivo en cocaína. Allí fue custodiada por agentes federales de Estados Unidos a la espera de ser enviada a España. Como evidencia en la investigación, se retuvo uno de los bultos con 20 paquetes, según explica el escrito de la fiscalía asturiana.

Con la apertura del procedimiento judicial en España, la droga fue transportada en la bodega de un vuelo comercial desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de San Juan al de Madrid. Paralelamente, además, la UDYCO realizó un seguimiento de los miembros de la organización que estaban en suelo español, motivo por el cual la Fiscalía Especial Antidroga aprobó el 5 de octubre la entrega controlada de 600 kilos de cocaína.

Asimismo, se autorizó la actuación de ocho funcionarios como agentes encubiertos, con el objetivo de identificar a los integrantes de la organización.

El 28 de octubre la operación llegó a su fin. Ese día, tres de los procesados accedieron a una nave en Siero. Allí fueron sorprendidos mientras cargaban la cocaína y las armas. En la nave se encontraron:

600 paquetes de cocaína distribuidos en 30 sacos impermeables de color negro con 20 paquetes cada uno, que una vez analizados resultaron ser 59.999,36 gramos de cocaína con una riqueza del 79,3%. Su precio en el mercado hubiera alcanzado los 62.018.380 euros por gramo (23.627.799 euros en kilos).

También tenían 92.000 euros guardados en dos paquetes envueltos en film transparente, procedentes de actividad ilícita de venta de drogas, así como un enorme alijo de armas.

Cuatro de los detenidos en la operación se encuentran privados de libertad desde el 31 de octubre de 2022. La quinta procesada estuvo en prisión provisional hasta el 2 de julio de 2023.

Por todo ello, la Fiscalía solicita para el primer acusado por el delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, la pena de 14 años de prisión y multa de 145.254.194 euros Por el delito de depósito de armas de guerra, la pena de 7 años de prisión.

El segundo detenido se enfrenta a la pena de 13 años de prisión y multa de 145.254.194 euros. Por el delito de depósito de armas de guerra, la pena de 7 años de prisión; mientras que para el tercero pide la pena de 12 años de prisión y multa de 145.254.194 euros. Por el delito de depósito de armas de guerra, la pena de 6 años de prisión. Por el delito de tenencia de armas, la pena de 2 años y 6 meses de prisión.

El cuarto detenido en prisión se enfrenta a 10 años de cárcel y multa de 145.254.194 euros. Por el delito de depósito de armas de guerra, la pena de 6 años de prisión. La procesada que está en libertad está acusada de delito contra la salud pública, por el que le piden 7 años de prisión y multa de 145.254.194 euros.