Siero paga 31.500 euros a la adjudicataria por anular el contrato de revisión del Plan General

La rescisión del contrato para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del concejo de Siero supondrá un coste de 31.500 euros a las arcas municipales. La medida fue anunciada el pasado día 5 por el alcalde, el socialista Ángel García, con el argumento de que la situación actual del municipio dista mucho de la que había en el momento en que se decidió la revisión del planeamiento, cuando había grandes bolsas de suelo paralizadas y no pocas incógnitas sobre el futuro de complejos industriales como el de Bobes. "Eso ha cambiado y modificar ahora el PGOU supondría detener el motor del desarrollo de Siero", advirtió hace unos días el regidor, al dar cuenta de la decisión de renunciar al nuevo plan siete años después de iniciado el proceso de manera oficial.

Según consta en la resolución que ya ha firmado el Alcalde, la UTE que se había hecho con el encargo en enero de 2018 tiene derecho a percibir 17.022 euros "por los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que se hubiesen realizado ya con cargo a un contrato que se formalizó inicialmente en 176.000 euros con un plazo de ejecución de tres años. De esos 17.022 euros que se devuelven a la empresa, algo más de seis mil euros son del contrato complementario suscrito para adaptar los informes sectoriales elaborados por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) y la Consejería de Cultura. Los otros 10.980 euros corresponden a las labores complementarias para adaptar el futuro plan general al Reglamento de Ordenación del Terriorio y Urbanismo de Asturias (Rotu).

Además, dentro de los 30.500 euros a abonar a la UTE concesionaria, un total de 4.380 euros corresponden a la indemnización acordada por los beneficios que habría dejado de obtener por estudios, informes, proyectos o trabajos que hayan quedado pendientes como consecuencia de la suspensión del procedimiento.

A todo ello hay que sumar la devolución de 10.098 euros correspondientes a la suma de tres garantías depositadas.

Entre los argumentos esgrimidos por el Alcalde para tomar la decisión de no renovar el planeamiento municipal destaca su "convencimiento" de que de la revisión saldría un planeamiento "mucho más restrictivo" que el actual en cuanto a construcción. "Teniendo en cuenta la legislación y las tendencias actuales en urbanismo, el suelo disponible sería considerablemente menor", subraya García.