La externalización del servicio de aguas recibe luz verde en la comisión de Hacienda: así se posicionaron los partidos sobre la propuesta que irá al Pleno del martes

La propuesta del gobierno socialista de Siero para externalizar el servicio de aguas durante los próximos 30 años pasó este jueves por la Comisión de Hacienda, donde recibió el apoyo de Vox. El PP, principal grupo de la oposición, votó junto las fuerzas a la izquierda del PSOE (Podemos e IU) contra la iniciativa, mientras que la Plataforma Vecinal de La Fresneda optó por la abstención.

Los apoyos a este nuevo modelo de gestión estaban pendientes en buena medida de las explicaciones que se ofrecieron en la comisión informativa de Hacienda celebrada a primera hora de este jueves. Vox ya había avanzado hace días, a través del portavoz del grupo municipal, Josué Velasco, que, en vista del estado actual de la red de suministro, sus problemas y carencias, la mejor opción es la de externalizar el servicio. Eso, sin dejar de afear al alcalde, Ángel García, su "abandono" en los últimos años a esta infraestructura. "Es un experto en generar un problema y presentarse después como el salvador del mismo", subrayó Velasco.

El PP, pese a que había deslizado que a priori el plan no era malo, y tras reclamar que se celebrara una consulta popular para que sean los vecinos los que decidan, se opuso finalmente a un modelo que considera que traerá subidas de precio en las tarifas durante muchos años. En la misma línea que Podemos e IU, voto en contra en la comisión antes del Pleno que se celebrará el próximo martes.

Podemos ya se había declarado radicalmente en contra de una externalización que entienden como privatización y que, según sus planteamientos, se podría asumir desde el Ayuntamiento con una adecuada dotación de medios y personal. IU se sumó a la crítica este martes de forma contundente y defendió "una alternativa de gestión pública, con planificación, control y garantías verificables". La portavoz municipal, Teresa Álvarez, advierte de que «cuando el Alcalde habla de externalizar no está hablando solo de un cambio de operador: está hablando de privatizar la prestación del servicio, el mantenimiento de una infraestructura crítica y —lo más grave— la capacidad del Ayuntamiento para decidir inversiones, prioridades y desarrollo territorial durante décadas. Eso no es una cuestión técnica menor: es una decisión política de enorme calado».

IU sostiene que la decisión no se apoya en criterios técnicos concluyentes, que la documentación incorporada al expediente no demuestra de forma clara una mejora del servicio, ni en eficiencia ni en calidad, limitándose a constatar la suficiencia formal de los trámites para cambiar el modelo de gestión. Y recuerda, además, que los informes de Secretaría e Intervención incorporados al procedimiento "no establecen impedimento alguno para mantener la gestión directa, lo que desmonta el argumento de la inevitabilidad de la externalización".

La coalición cuestiona también el modelo de control propuesto, porque "el expediente no concreta qué mecanismos de vigilancia y auditoría se implantarán, qué coste tendrán, con qué medios personales municipales se ejercerán ni qué capacidad real existirá para exigir correcciones sin judicializar cada incumplimiento". "Lo que no se ha planificado ni controlado adecuadamente desde lo público no se controlará mejor cuando la información estratégica quede al otro lado de un contrato a 25 o 30 años", subraya Álvarez. La portavoz destaca la necesidad de "no confundir a la ciudadanía: el debate no es si hay que invertir —porque hay que hacerlo—, sino quién controla el servicio, durante cuánto tiempo y con qué impacto en el recibo. La experiencia comparada muestra que el agua es más asequible allí donde se mantiene una gestión pública bien planificada y con control efectivo", subraya.

Por todo ello reclaman al gobierno del PSOE que abra "de inmediato" una vía pública de trabajo, "con calendario, control y compromisos verificables" como la constitución de la Mesa del Agua de Siero, con participación del Ayuntamiento, el Principado, las organizaciones sindicales, las asociaciones vecinales y profesionales independientes, la elaboración de un Plan de Inversiones vinculado a un modelo de gestión pública que garantice sostenibilidad y el refuerzo de la capacidad municipal para planificar, ejecutar y supervisar un servicio que "no puede convertirse en el negocio de nadie".