Las seis debilidades jurídicas que ven los detractores de que Costco aterrice en Asturias: incompatibilidad urbanística, riesgo patrimonial...

La decisión del Consejo de Gobierno del Principado de declarar el proyecto de implantación de Costco en Siero como de Interés Estratégico Regional (PIER), adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, abre la puerta a una reclamación jurídica por parte de comerciantes y empresas del sector, al considerar que la declaración supone “un atajo” para sortear las dificultades urbanísticas que, de otro modo, tendría el proyecto.

La documentación que obra en el expediente, a la que ha tenido acceso este periódico, reconoce implícitamente esas debilidades jurídicas potenciales que podrían sustentar una impugnación. Básicamente se centran en cinco cuestiones: el encaje urbanístico, el uso de la figura de Proyecto de Interés Estratégico Regional, la coherencia de la decisión con las Directrices de Comercio vigentes, la motivación estratégica y los riesgos patrimoniales.

Incompatibilidad reconocida con el planeamiento vigente

El expediente admite expresamente que el proyecto es inviable con la normativa urbanística actual y que solo puede ejecutarse mediante modificación posterior del planeamiento o por prevalencia de la declaración como Proyecto Estratégico.

La parcela en la que está previsto que se implante Costco está calificada como industrial y el uso comercial propuesto no encaja en las limitaciones del Plan Parcial de Bobes, el Plan General de Ordenación Urbana de Siero y las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial.

De hecho, el propio informe señala que, sin esa adaptación normativa, el proyecto no podría autorizarse.

No obstante, la ley de Proyectos Estratégicos permite ordenar la modificación del planeamiento, pero el debate radica en si la figura puede utilizarse para introducir un uso prohibido de partida en suelo industrial, argumento en el que se han basado la mayoría de las alegaciones presentadas durante el proceso.

Tensión con las Directrices de Equipamiento Comercial

Las Directrices de Comercio autonómicas solo permiten comercio en suelo industrial en supuestos muy limitados (mayorista o sectores específicos como automoción o materiales de construcción). El modelo Costco, que consiste en una gran superficie minorista multisectorial, queda fuera de esos supuestos.

Para salvar ese obstáculo, el promotor propone modificar las propias Directrices y redefinir el uso permitido para incluir el formato “club de compras”. Es precisamente ese paso el que señalan los detractores de la decisión, ya que consideran que se usa un procedimiento excepcional para alterar una planificación sectorial aprobada por decreto.

Debate sobre el encaje en los criterios estratégicos

Las alegaciones presentadas al proyecto (formuladas por la Unión de Comerciantes, Izquierda Unida, el sindicato Comisiones Obreras y el Partido Comunista de los Trabajadores de España) sostienen que el proyecto no cumple los criterios de la ley de Proyectos Estratégicos porque la inversión no es industrial, innovadora ni tractora de transición ecológica.

La Agencia responde con una interpretación amplia de la ley, afirmando que los PIER no se limitan a proyectos industriales. El artículo 4 de la norma recoge varias categorías de inversiones o proyectos que pueden acogerse a ese “acelerador” burocrático que supone la ley regional. En esencia, la norma incluye inversiones industriales o de servicios avanzados, nuevas actividades con valor añadido e innovación, proyectos de cualificación del capital humano, sustitución de sectores en declive, inversiones que favorezcan la cohesión territorial y actuaciones alineadas con estrategias autonómicas.

Los detractores de la aplicación de la normativa de Proyectos Estratégicos ponen en duda que una gran superficie comercial pueda encajar en alguno de esos supuestos.

Seguridad jurídica y riesgo de precedente

Varias alegaciones advierten de que declarar PIER una gran superficie comercial en suelo industrial podría abrir la puerta a que otros proyectos comerciales eludan la planificación territorial ordinaria. El informe administrativo evita valorar esa cuestión por considerarla de oportunidad política, no jurídica.

Riesgo patrimonial por terrenos expropiados

Izquierda Unida introduce un frente adicional en sus alegaciones al señalar que el polígono de Bobes se obtuvo mediante expropiación para uso industrial y que cambiar el destino a comercial podría activar solicitudes de retasación. La Administración autonómica descarta ese riesgo al considerar que la retasación solo procede por demora en el pago del justiprecio, no por cambios de planeamiento posteriores.

Carencias de estudios sectoriales en fase inicial

Las alegaciones también señalan ausencia de estudios de impacto comercial, movilidad o ambiental detallados. La Agencia Sekuens responde, en su recomendación de que el proyecto de Costco reciba la consideración de estratégico, que esos estudios no son exigibles en esta fase.

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