El alcalde de Siero asegura que procederá "conforme a la ley" tras la protesta ciudadana por la privatización del servicio de agua

"Procederemos conforme a la ley, como siempre desde que soy Alcalde". El regidor sierense, Ángel García, no ha querido dar más detalles sobre sin convocará o no una consulta popular sobre la privatización del agua, tal y como demandan más de 10.400 vecinos que han realizado una recogida de firmas a este respecto. Sólo ha señalado que "la ley marca lo que puede hacer un equipo de gobierno, y haremos lo que la ley nos marque", sostiene, sin detallar los pasos que seguirá el ejecutivo local.

"Vamos a proceder igual que siempre, dentro del marco legal, haremos lo que decidamos como equipo de gobierno. Yo consultaré a mis concejales y a mí mismo", insistió el Alcalde, antes de asegurar que en todo caso "se seguirá un proceso muy riguroso en lo que marca la ley, y la ley está para cumplirla, actuaremos dentro de ello como siempre". García tampoco quiso valorar la concentración del pasado domingo ante el Ayuntamiento para protestar por la futura gestión privada del agua: "Nada que decir, más que respeto absoluto", zanjó.

Los promotores de la plataforma “Siero por el Agua" juntaron a más de 300 personas el domingo en la plaza del Ayuntamiento, en la Pola, y anunciaron la recogida de 10.400 firmas para reclamar una consulta ciudadana. Según explicaron desde el colectivo, los apoyos recabados con las rúbricas les ha permitido superar el objetivo de las 6.100 necesarias para solicitar que desde el Ayuntamiento se convoque una consulta popular en la que pregunte a los vecinos si son o no partidarios de la externalización.

Además, enviaron este lunes un correo electrónico al alcalde para solicitarle que les indicase la forma correcta para llevar a cabo su presentación y registro, con el fin de facilitar la convocatoria. Explican desde el colectivo que “en el reglamento de Siero y el autonómico están sin detallar en lo referente a cómo proceder con una consulta popular" en cuanto a plazos y proceso. Señalan además que es el regidor el que "tiene que firmar la resolución" y, por tanto, que está en su mano "convocarla y escuchar a la gente".

Pero de momento, el primer edil no aclara cuál será la posición del Ayuntamiento en este caso, más allá de "un respeto riguroso a la ley". El reglamento municipal de participación ciudadana, en su título sexto, determina que “corresponde al Ayuntamiento realizar los trámites pertinentes para la celebración de una consulta popular”. Sin embargo no especifica, una vez logradas esas firmas, el plazo en qué debería convocarse, pero sí se matiza que “en ningún caso las consultas tendrán carácter vinculante”. Y todo parece indicar que una vez aprobada en Pleno la externalización del servicio, no está previsto que se dé marcha atrás en la decisión.