"Payaso", "subnormal": un subinspector de la Policía Local de Siero afronta un año de prisión por mensajes ofensivos vía whatsapp a un agente

La Fiscalía solicita un año de prisión para un subinspector de la Policía Local de Siero acusado de un delito contra la integridad moral por supuestamente someter a un agente del cuerpo a humillaciones y vejaciones durante el periodo en el que ejerció funciones de superior jerárquico. La vista oral está señalada para este miércoles y el jueves, a partir de las 10.30 horas, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron entre 2018 y 2022 en las dependencias de la Policía Local de Siero, en Pola de Siero. El acusado era entonces subinspector del cuerpo y, en ausencia del comisario, desempeñaba funciones de jefe accidental. También era delegado del sindicato CSIF. La víctima pertenecía al Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias, SIPLA.

Mensajes, vacaciones y retirada del arma

La Fiscalía sostiene que el acusado participó, de forma directa o a través de otros agentes, en distintas conductas dirigidas contra el policía. Entre ellas, cita un episodio ocurrido el 31 de diciembre de 2018 en un grupo de WhatsApp del que ambos formaban parte. Según el relato fiscal, el acusado se refirió al agente con calificativos como “payaso” o “subnormal” y afirmó que le iba a dar “dos hostias”. Tras ese episodio, fue expulsado del grupo por el administrador y se incoó un expediente disciplinario. La víctima inició después un periodo de baja laboral de aproximadamente un año, desde principios de 2019.

El Ministerio Público también atribuye al acusado la denegación de las vacaciones correspondientes al año 2019, una vez que el agente se reincorporó en enero de 2020 tras la baja laboral. Según la Fiscalía, el policía tenía derecho a disfrutar de esos días, pero se le denegaron por supuestas razones de servicio, pese a que el servicio estaba cubierto y se estaban concediendo permisos para asuntos particulares a otros agentes. El Ayuntamiento llegó a descontarle de la nómina el equivalente a veinte días por no haberse incorporado de forma inmediata tras recibir el alta.

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, dictada el 6 de mayo de 2021, estimó la demanda presentada por el agente y dejó sin efecto la detracción de haberes acordada.

La Fiscalía añade que, tras la reincorporación del agente, aparecieron en las oficinas carteles ofensivos, hecho que atribuye al acusado. También recoge la retirada del arma reglamentaria de la víctima, acordada por el Ayuntamiento de Siero el 10 de marzo de 2020 previo informe del entonces jefe accidental de la Policía Local, por una supuesta agresión a otro agente. El Ministerio Público considera que aquella decisión carecía de fundamento normativo y que se comunicó a la plantilla, se difundió en redes sociales y apareció en periódicos.

Según el escrito fiscal, el primer día de trabajo el agente fue sometido a una exposición pública sin que se le hubiese notificado previamente la retirada del arma. En lugar de requerirle su entrega, se llamó a un cerrajero para taladrar la caja de seguridad, lo que, según la Fiscalía, tuvo un efecto humillante para la víctima. El arma le fue restituida por resolución de Alcaldía el 28 de abril de 2020, previo informe del comisario jefe de la Policía Local.

Protocolo antiacoso e indemnización

A raíz de estos hechos, el Ayuntamiento de Siero activó un protocolo antiacoso. El técnico superior de Prevención de Riesgos Laborales elaboró un informe el 23 de julio de 2020 en el que hizo constar indicadores de riesgo psicosocial con posibles consecuencias desfavorables para la salud y describió conductas compatibles con las clasificadas técnica y científicamente como generadoras de acoso laboral.

La Fiscalía sostiene que, como consecuencia de los hechos, la víctima sufrió daños psicológicos, aunque no consta que le hayan quedado secuelas permanentes.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la integridad moral. Además de la pena de un año de prisión, solicita para el acusado la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice al agente con las cantidades que se determinen en su momento y con 6.000 euros por los daños morales causados. También solicita que indemnice al Sespa con la cuantía que se fije en ejecución de sentencia por la asistencia médica prestada, más los intereses legales correspondientes.

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