Berros justifica su rechazo a la externalización del servicio de agua: "Es económicamente inviable"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Siero, Juan Luis Berros, ha justificado el voto en contra de su grupo a los trámites impulsados por el equipo de gobierno para avanzar en la externalización de la gestión del ciclo del agua en el concejo, al considerar que el modelo propuesto resulta “económicamente inviable” y supondrá, a su juicio, un encarecimiento del servicio para los vecinos a medio y largo plazo.

Berros ha señalado que el expediente sometido a debate en el de este jueves se sustenta en un informe técnico encargado a una empresa externa por el gobierno local, en el que se prevén pérdidas iniciales de más de 513.900 euros en el primer año de la concesión, así como incertidumbres sobre la evolución económica de un contrato que se plantea con una duración de hasta 30 años.

Según el portavoz popular, los informes técnicos municipales incorporan “observaciones de calado” que cuestionan la viabilidad del modelo, al señalar que este dependería de hipótesis de ingresos vinculadas a un incremento tarifario del 24,5 por ciento en el cuarto año, cifra que contrasta, según ha indicado, con otras estimaciones previas que apuntaban a subidas de hasta el 110 por ciento del precio del agua.

Compensaciones

Otro de los puntos señalados por Berros es el riesgo de transferencia del denominado “riesgo operacional” al concesionario, que podría implicar "compensaciones económicas por parte del Ayuntamiento" en caso de que la explotación no resulte rentable, alerta.

En este sentido, el portavoz popular ha defendido que la gestión directa del servicio permitiría al consistorio acometer las inversiones necesarias sin recurrir a la privatización ni al endeudamiento, utilizando los remanentes de tesorería disponibles, cifrados en 38 millones de euros.

“Los ciudadanos deben ser los principales beneficiarios de una mejora del servicio del agua, no las empresas concesionarias”, ha afirmado Berros, quien ha insistido en que los informes técnicos apuntan a que el resultado final de la concesión sería una subida progresiva del coste del agua durante las próximas tres décadas.