IU de Siero presenta la demanda judicial contra el proceso para externalizar la gestión del agua: "No se ha acreditado que una concesión sea más eficiente"

El Grupo Municipal de Izquierda Unida de Siero ha presentado este viernes un recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos plenarios que "abren el camino a la gestión indirecta, mediante concesión, del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del concejo". Tal y como explican los responsables de la coalición, la demanda va acompañada de un "dictamen pericial económico-financiero" que pone en cuestión que haya argumentos económicos que justifiquen la externalización y rebaten que este modelo sea más barato y eficiente para el Ayuntamiento.

Izquierda Unida subraya que su posición "fue clara" desde el inicio en relación a que "el agua debe seguir siendo un servicio público gestionado desde lo público, con control democrático, transparencia y orientación exclusiva al interés general". “No estamos ante un simple trámite administrativo. Estamos ante una decisión que puede condicionar el servicio de agua de Siero durante décadas”, señaló la portavoz municipal de IU, Tere Álvarez.

El dictamen pericial al que se refiere la coalición "concluye que el expediente municipal no acredita con datos verificables que la concesión fuera más sostenible y eficiente que la gestión directa".

El informe señala asimismo "que la supuesta ventaja económica de la privatización descansa sobre hipótesis no suficientemente documentadas y que el propio expediente deja fuera alternativas razonables, como el aprovechamiento de fondos europeos, una actualización ordenada de tasas manteniendo la gestión directa o el análisis de modelos públicos existentes en el entorno asturiano".

A juicio de Teresa Álvarez, el "Ayuntamiento pretende justificar una decisión estructural sobre un servicio esencial con una comparación que no es sólida". Y no ha demostrado "que privatizar fuera necesario, ni que fuera mejor, ni que resultara más beneficioso para los vecinos y vecinas de Siero".

IU recuerda que el servicio actual "no parte de una situación de quiebra o inviabilidad". Añade que "el propio expediente reconoce que la gestión directa cubría los costes ordinarios del servicio". Y destaca que para la coalición, "las necesidades de inversión y mejora de la red existen, pero eso no equivale a entregar el servicio a una concesionaria privada durante 25 o 30 años".

Bien básico

"Confundir necesidad de inversión con necesidad de privatización es una trampa política. Se podía y se debía mejorar el servicio desde la gestión pública. Lo que no aceptamos es que se utilizara esa necesidad de mejora como excusa para abrir la puerta al negocio privado con un bien básico como el agua", añadió la portavoz.

La coalición se refiere además a que IU considera "especialmente grave que el expediente no analizara de forma suficiente los riesgos de una concesión de larga duración: pérdida de capacidad técnica municipal, dependencia del concesionario, posibles reclamaciones de reequilibrio económico, litigios prolongados y mayores costes futuros para el Ayuntamiento y para los usuarios".

Incide también IU en que cuando la gestión de un servicio público esencial "se entrega durante décadas, recuperarlo después no es sencillo", pues se "pierde conocimiento, se pierde control y se crea una dependencia que acaba pagando la ciudadanía”, advirtió Tere Álvarez.

La portavoz municipal recordó que su grupo ya había anunciado una actuación judicial para tratar de frenar el proceso de adjudicación de la gestión del servicio a una empresa: "Formaba parte del compromiso adquirido con la ciudadanía. Dijimos que nos íbamos a oponer a la privatización del agua por todos los medios posibles, y lo estamos haciendo: en el Pleno, en la calle y también en los tribunales. El agua de Siero no puede convertirse en un negocio privado”.

"Debate transparente"

Por último, IU reclama que se paralice este proceso y "que el Ayuntamiento abra un debate real, transparente y con participación ciudadana" sobre el futuro del servicio. “No pedimos que se imponga una solución sin debate. Pedimos precisamente lo contrario: que una decisión de esta importancia no se adoptara con prisas, con una motivación insuficiente y sin analizar seriamente todas las alternativas públicas”, finalizó Teresa Álvarez.

El pleno de este pasado jueves desestimó la realización de una consulta ciudadana reclamada por la plataforma que se opone a la externalización de la gestión del servicio, que había registrado las firmas necesarias, unas diez mil, para solicitar que se convocara. La sesión plenaria también avanzó en los trámites del proceso para llevar a cabo la externalización, puesto que aprobó el estudio de viabilidad y el anteproyecto de obras y estructura de costes, con el voto a favor de PSOE y Vox, la abstención de la Plataforma Vecinal de La Fresneda y los votos contrarios de PP, Podemos e IU.