Para conseguir la aprobación de la Ley de Memoria Democrática parece que hay que cocinar algo más. Ahora toca la Ley de Amnistía de 1977 para todos los hechos y delitos con intencionalidad política entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de diciembre de 1976. Se justifica diciendo que los delitos contra la Comunidad Internacional, entre los que están los crímenes de guerra y represión, no prescriben y no son objeto de amnistía.
Ciertamente el Comité de Derechos Humanos solicitó hace años que se enmendase o derogase la Ley. Y no es que los pasos balbucientes que ahora se inician sean por sentido humanitario, sino por presiones de quienes todos sabemos. Horroriza pensar las atrocidades que se hicieron a diestra y siniestra.
Estudios meticulosos indican que las víctimas del “Terror Blanco” (así llama la historiografía extranjera a la represión franquista) durante la Guerra Civil e inmediata posguerra superan las ciento treinta mil personas. Las víctimas del “Terror Rojo” (republicano) se aproximan a las cincuenta mil. En Asturias esos mismos estudios cifran la represión franquista en casi seis mil personas y las de la republicana en dos mil.
Cataluña tiene otros números, las de la franquista unas tres mil setecientas personas, las de la republicana supera las ocho mil. Claro que en Cataluña padecieron represión lingüística y por eso ahora hay una libertad en este sentido que...
Nos harán recordar la matanza de Paracuellos donde los republicanos asesinaron dos mil quinientas personas, o los miles de presos fusilados por el franquismo, así como la represión en Cataluña de Companys.
En resumen, parece que se va a poner en marcha el ventilador y se van a echar allá las heces. A ver a quién no chisca.
