Ya hace más de tres años que se restringió el tráfico en cuatro calles de Pola de Siero: San Antonio, Pelayo, El Acebo y Santa Ana, poniéndose videovigilancia. En principio, se permitía la circulación a residentes, propietarios o usuarios de garajes, vehículos industriales y taxis. Como se recordará, tras un periodo de prueba comenzaron las denuncias, alcanzando en los primeros días casi medio millar. Como a base de represión se aprende, las denuncias fueron bajando. Últimamente, se ha vuelto a solicitar a residentes y personas sin restricción de acceso la documentación pertinente de los vehículos para actualizar los datos. Alguien comentaba que el número de vehículos autorizados hasta ahora nada tenía que ver con los posibles vehículos que, en sentido estricto, debieran tener acceso por los condicionamientos establecidos, porque media Pola no vive en esas calles. Eso demuestra que probablemente el procedimiento para autorizar no fuese el más idóneo y que el desfase entre personas empadronadas en la zona y vehículos autorizados sería por incorrecto cruce de datos, pues multiplicando el número de habitantes por 0,6 se obtiene dato aproximado del número de vehículos. En resumen, que si hubo errores en el procedimiento quien menos culpa tiene es el ciudadano y carece de sentido que, además de hacerle volver a presentar la solicitud, se le cobren 5,68 euros por vehículo. Sé que es poco, pero no debiera ser nada y además ofrecérsele disculpas. Esto se parece al chiste de aquel que gritaba en el mercado: "¡A peseta! ¡A peseta!". Le preguntaron qué vendía y repuso: "Na... ¡Pero a que ye barato!".
