Defraudado

Casi todos conocemos casos de personas a las que la Administración reclama devoluciones económicas por solapamiento del Salario Social y El Ingreso Mínimo Vital. Huelga decir que se trata de hogares o personas con recursos exiguos que están en situación de vulnerabilidad y que tienen insalvables dificultades para la devolución. En muchos casos los afectados habían informado a la Administración de la nueva situación, y esta por inexplicable tardanza no adecuó la situación de pagos en tiempo prudencial, produciéndose pagos superiores a los correspondientes, de los que reclama la devolución.

Total, que el error estuvo en muchos casos en la Administración y para evitar incrementar la situación de vulnerabilidad elabora una modificación legal para exonerar a las personas que hayan recibido cobro indebido por razones imputables a ella. Y hasta quienes hayan hecho ya pagos de la deuda y cumplan las condiciones, puedan reclamar la devolución. Y parece justo. Pero ante el microscopio social solo lo parece. Los pagos indebidos se han hecho con recursos de la comunidad, en los que participan otros ciudadanos que no perciben las ayudas y que están en una situación de precariedad notable. Y la Administración dice que también ellos van a colaborar en la no devolución, con sus limitaciones económicas.

Desde siempre oí eso del "el que rompe paga" y, claro, es fácil lo de echar la culpa a la impersonal Administración; pero ella tiene personas con nombres y apellidos y con sueldos dignos. Igual debieran ser los responsables de la ineficacia administradora quienes cubriesen la metedura de pata y no pasársela a todos, incluso a la viuda con seiscientos euros mensuales de pensión. Así se abona el campo para discursos populistas y se favorece el voto del defraudado.