Las discriminaciones directas o indirectas, cualquier forma de acoso o el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad a las que están sometidas las instituciones pueden ser, desde hace una semana, sancionadas con hasta un millón de euros. Así es desde la entrada en vigor de la ley que regula el nuevo régimen de infracciones y sanciones administrativas en materia de discapacidad.

Esta ley trata de evitar que empresarios y particulares cometan cualquier clase de exclusión en su oferta de productos y prestación de servicios en distintas áreas como los transportes, la edificación, los espacios públicos urbanizados y las nuevas tec_nologías, entre otros.

La norma fija que las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves y conllevarán multas que oscilarán entre un mínimo de 301 euros y un máximo de un millón. Los criterios para medir la multa serán la intencionalidad del sujeto infractor, la negligencia, el incumplimiento de las advertencias previas, los ingresos de la empresa, la reincidencia y el número de personas afectadas. Cuando la multa sea muy grave los órganos competentes podrán solicitar además la supresión total o parcial de las ayudas oficiales que reciba la entidad afectada. El Gobierno está obligado a presentar un informe anual a las Cortes.