Oviedo / Grado P. R. / V. D. P.
Los ayuntamientos de Oviedo, Grado y Teverga recibieron ayer con «sorpresa» y «malestar» las críticas realizadas por Julio Bruno, gerente de Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), el pasado lunes en la Junta General del Principado. Bruno dijo en su comparecencia que algunos ayuntamientos asturianos generan esperas en los trámites de solicitudes de plazas residenciales de mayores porque no aplican correctamente la ley de Dependencia y la tramitan por la ley del Anciano, normativas ambas en vigor. Bruno remitió ayer una circular a los municipios en la que les advierte de que a los solicitantes de una plaza residencial debe exigírseles también la copia de solicitud de tramitación de la dependencia, aunque no tengan ningún tipo de incapacidad.
Con sus manifestaciones, Bruno trataba de justificar, según la oposición, una lista de espera para acceder a una plaza residencial de 1.427 personas. A su juicio, la puesta en marcha de la ley de Dependencia impide hablar de lista de espera y él prefiere denominarla «situación de ordenación de la demanda». Bruno citó tres municipios que, según él, no facilitan la agilidad de los trámites: Oviedo y Grado, ambos gobernados por el PP, y Teverga, liderado por una socialista.
«Además de causarnos sorpresa y malestar, las declaraciones del gerente del ERA son mentirosas y están hechas ante sede parlamentaria para salvar su incompetencia ante la falta de recursos de la Administración para dar cobertura a la ley de Dependencia», declaró a LA NUEVA ESPAÑA Belén Fernández Acevedo, concejala ovetense de Servicios Sociales.
La responsable municipal añadió que los servicios sociales nunca deberían ser asunto de confrontación política. «Todos estamos haciendo un gran esfuerzo para aplicar la ley de Dependencia y llevamos meses trabajando en coordinación con la Dirección General de Prestaciones de Bienestar Social sin que hasta el momento nos hayan dicho nada al respecto. Lo que parece evidente es que la ley ha generado muchas expectativas que no se están cumpliendo por la falta de recursos y, en el caso de los ayuntamientos, por el incremento de tramitaciones para el que no se nos dota ni de personal ni de presupuesto».
En la misma línea se manifestaron los alcaldes de Grado y Teverga. «No se puede echar la culpa a los ayuntamientos cuando se han visto colapsados por una ley y el Gobierno regional no hace nada por dotarla presupuestariamente», declaró Antonio Rey, regidor de Grado. Por su parte, la alcaldesa de Teverga, Carmen Fernández, señaló que «los servicios sociales en nuestro municipio funcionan bien y, en todo caso, están gestionados por la mancomunidad».
Cincuenta y cinco solicitantes de la ley de Dependencia han fallecido mientras realizaban la tramitación.
