La sección española de AI cumple treinta años de lucha por los derechos humanos

La sección española de Amnistía Internacional cumple treinta años de defensa y denuncia de violaciones y abusos graves a los derechos humanos en todo el mundo. «Y, durante estos años, lo hemos hecho con valores de independencia e imparcialidad, que en muchas ocasiones han sido muy incómodos para gobiernos, políticos y grupos armados; pero fundamentales para que nuestro trabajo sea eficaz», afirmó Francisco Javier Fernández López. El presidente de la Unidad Territorial de Amnistía Internacional en Asturias participó, el pasado viernes, en la mesa redonda «Treinta años haciéndonos escuchar», en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. En el acto también se proyectó un vídeo en que el que se plasmaba la historia de la organización, y activistas y víctimas defendidas por Amnistía Internacional contaban sus experiencias, como el poeta Marcos Ana, primer preso de conciencia liberado por la ONG.

Aunque Amnistía Internacional comenzó a funcionar en 1961, tuvo que esperar hasta 1978 para su legalización en España. Durante estos años de existencia, se ha liberado a cincuenta mil presos de conciencia, de los cuales 320 fueron casos en los que participó directamente la sección española. «Amnistía Internacional se ha tenido que enfrentar a grandes retos en su objetivo de globalizar la justicia», manifestó Fernández y señaló algunos logros en los que la organización ha colaborado, como el procesamiento de Pinochet o Fujimori, la creación de la Corte Penal Internacional, la promoción de la Convención Contra la Tortura, o la elaboración de un proyecto para el control del comercio de armas.

En el acto, también participaron Diego Mejía, defensor de los derechos humanos acogido en el programa de Defensores del Principado de Asturias; y Paz Andrés Sáenz de Santa María, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo, quien expuso tres ámbitos de actuación de las ONG: «En primer lugar tienen un papel importante en la elaboración de tratados sobre derechos humanos; en segundo lugar, tienen, también, un papel creciente en el control del cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos, y en tercer lugar, adquieren, cada vez más, presencia en determinados tribunales internacionales para la defensa de estos derechos».

Por su parte, Diego Mejía, perteneciente al colectivo de colombianos refugiados en Asturias, compartió con el público las razones por las que tuvo que salir de su país natal. Explicó que Colombia, entre los muchos problemas que tiene, presenta «un mal crónico de impunidad». Mejía, estudiante universitario, dijo que «el punto central de la presión» que el Gobierno ejerció hacia su persona, fue por su enfrentamiento con el Estado para que garantizase el derecho a la educación, y también porque, «simple y llanamente, cuando se mencionan los derechos humanos en Colombia, eres guerrillero y terrorista».

Mejía narró él y otros estudiantes que luchaban por el cumplimiento de los derechos universales, fueron reprimidos por grupos paramilitares colombianos que llegaron, incluso, a asesinar a varios de sus compañeros. «La pena de muerte no está en la Constitución colombiana, pero de facto, la condena para los que se oponen a las barbaridades que ocurren en el país, es la pena de muerte».