Más de 27.000 grandes dependientes no tienen aún reconocido el derecho a la prestación que les otorga la Ley de Dependencia, a pesar de que el Libro Blanco de la Dependencia preveía que en 2007 todos los dependientes de grado III (en torno a 206.000) deberían haber obtenido este reconocimiento.
Hasta el 5 de mayo lo obtuvieron 178.581 grandes dependientes, el 86,7 por ciento de los estimados (unos 206.000), según los datos del Sistema Integrado de Información del Sistema de la Dependencia que ha revelado hoy el sindicato Comisiones Obreras.
Las comunidades más incumplidoras son Baleares, (que ha valorado a un 19 por ciento del total de los grandes dependientes), la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.
No todos los que tienen reconocido este derecho cobran sus prestaciones, ha afirmado Pura García, secretaria confederal de Políticas Sociales de Comisiones Obreras, debido a los retrasos de algunas CCAA en poner en marcha el sistema de valoración del grado de dependencia y a que algunas regiones extienden "torticeramente" los plazos para acordar la prestación.
García ha denunciado que las comunidades de Murcia y Valencia incumplen la ley porque valoran el grado de dependencia de los posibles beneficiarios a través de instituciones privadas y que en Madrid es la Comunidad y no los servicios sociales locales -que conocen mejor las necesidades del usuario- la que establece la prestación que debe ser otorgada.
Desde la aprobación de la ley, en 2007, las administraciones acordaron financiar 62.570 nuevas plazas de residencias o centros de día, servicios de ayuda a domicilio o teleasistencia para dependientes a través de los convenios firmados entre Estado y comunidades autónomas donde se establece el destino de gran parte del presupuesto que financia el Sistema de Dependencia, según CCOO.
De estas prestaciones, muchas de las cuáles aún están pendientes de pago, casi 27.000 corresponderían a plazas en residencias o centros de día que ya existían pero se incorporan al sistema de financiación pública.
Un 70 por ciento de estas plazas (18.080) son concertadas, porque no existen más plazas libres en las residencias públicas, ha señalado Enrique Martín-Serrano, adjunto confederal del sindicato.
En estos acuerdos se ha previsto además la financiación de la construcción, equipamiento o adaptación futura de 16.309 nuevas plazas en residencias y centros de día, un 70 por ciento de las cuales serán públicas, la mayoría (más de 9.000), de las administraciones locales.
Los convenios prevén la financiación del cuidado de 18.391 usuarios en 2007 mediante el Servicio de Ayuda a Domicilio tres horas al día, una cifra similar al de quienes recibirán la subvención para acceder al servicio de teleasistencia.
Menor es el número de prestaciones económicas previstas, 26.530, si bien estas son mayoría en Cataluña y Valencia, algo criticado por el sindicato.
