Oviedo, P. Á. / Europa Press

Un Gobierno que «miente» y una gestión política que constituye «un fraude y una ilegalidad». Éste el resumen que el Partido Popular e Izquierda Unida realizan del acuerdo suscrito el pasado lunes por el Ejecutivo regional y las empresas que construyen el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en virtud del cual el sobrecoste de este equipamiento ha quedado fijado en 54,4 millones de euros, lo que eleva en un 26,5 por ciento la cuantía de la adjudicación, hasta arrojar una factura total de 259,7 millones.

«Ha quedado claro que las denuncias del PP eran ciertas. Que el Gobierno ha faltado a la verdad en numerosas ocasiones. Que sigue mintiendo a día de hoy, porque el plazo no se puede cumplir. Que las obras se van a acelerar, luego estaban ralentizadas o paradas. Y que hemos perdido un año por culpa de este Gobierno», afirmó el diputado del PP Carlos Galcerán.

Los populares sostienen que «quedan muchas cosas oscuras». Y enumeran, entre otras: «Qué se ha negociado; cómo es posible que un modificado que estaba presupuestado en 5,9 millones de euros haya alcanzado 54,4 millones; y por qué se ha cerrado el acuerdo en una cifra similar a la de la licitación, recuperando las empresas la rebaja con la que lograron la adjudicación.

El PP solicitó ayer la comparencia del Gobierno en la Junta General del Principado a fin de que explique la negociación. Y lo mismo tiene previsto hacer IU, según señaló la diputada Noemí Martín, quien indicó que el resultado de la negociación con las constructoras constituye «un escándalo, un fraude y una ilegalidad». A juicio de la coalición, «estamos claramente ante un fraude y ante una perversión del sistema de contratación pública, porque se licita a un precio, se adjudica a la baja, pero al final el coste es el de la licitación». Martín quiere saber cómo se ha sorteado el epígrafe del contrato que señalaba que un sobrecoste superior al 20 por ciento podía dar lugar a la resolución del acuerdo.

Entre tanto, el consejero de Salud, Ramón Quirós, expresó su confianza en que se agilicen las obras y precisó que las empresas no han solicitado ninguna prolongación del plazo, que concluye en diciembre de 2009.