Europa Press / Efe / P. Á.

Oviedo,

El consejero de Salud del Principado, Ramón Quirós, apostó ayer por abrir un debate a escala nacional acerca de la posibilidad de que los pensionistas paguen una parte del precio de los medicamentos. «Es una cuestión a debatir, porque a veces es difícil de entender que un activo con una baja renta tenga que pagar el 40 por ciento de un medicamento cuando jubilados que tienen un alto nivel de renta están exentos», argumentó Quirós.

En pleno conflicto en el ámbito de la atención primaria, el titular de Salud no eludió pronunciarse sobre el denominado «copago», una cuestión polémica que desde hace años sale a la palestra de forma cíclica. El escenario de estas declaraciones fueron unas jornadas sobre políticas farmacéuticas que se han desarrollado en Oviedo y en las que Quirós ha participado como ponente. El evento congregó a otros dos consejeros de sanidad autonómicos: el de Castilla y León, el asturiano Francisco Javier Álvarez Guisasola; y el del País Vasco, Gabriel Inclán.

El máximo responsable de la sanidad asturiana aportó cifras. «En Asturias, de los más de 300 millones de euros que se gastan en fármacos al año, de los trabajadores activos son 50 millones, el resto son de pensionistas que están exentos», indicó. Dicho de otro modo, la participación de los ciudadanos en el coste total de los medicamentos es del 7 por ciento, una cifra aportada por los usuarios laboralmente activos.

Un dato más: Asturias es la comunidad autónoma española donde más recetas se expiden por paciente, con un incremento que oscila entre el 4 y el 5 por ciento anual. Sin embargo, el precio medio por receta se mantiene estable, en el entorno de los 14 euros. En la sanidad pública regional se expiden anualmente más de 23 millones de recetas. A juicio de Quirós, el problema de las políticas farmacéuticas en Asturias «no está en el precio de los medicamentos, sino en la cantidad».

El titular de Salud abogó por la prescripción racional y la «desmedicalización» como medidas que deben anteponerse a la intervención sobre los precios. Asimismo, se inclinó por una financiación «selectiva» de los medicamentos en función de su eficacia, bajo un modelo en el que intervengan las autonomías. «Sólo entre el 15 y el 30 por ciento de los fármacos nuevos que se introducen en el mercado supone mejoras reales en los tratamientos», denunció el Consejero. Con estas palabras, Quirós da un paso adelante en relación con lo declarado a LA NUEVA ESPAÑA el pasado verano, a las pocas semanas de asumir las riendas de la Consejería. En aquella entrevista, a la pregunta referida al copago, respondió: «En este momento no es una opción que esté encima de la mesa. Hay muchos países y muchos sistemas que lo tienen. Lo que está claro es que los ciudadanos están destinando a la salud una buena parte de sus impuestos y nuestra responsabilidad es sacarles el máximo partido».

Por su parte, el consejero de Sanidad vasco, Gabriel Inclán, coincidió con su homólogo asturiano al denunciar la entrada de fármacos que no suponen un valor añadido en la curación de los pacientes o que contienen sesgos informativos en sus prospectos y que son financiados «en parte» por la ciudadanía. Inclán demandó medidas «justas» pero «efectivas».

Entre tanto, el consejero de Castilla y León justificó el abultado crecimiento del gasto farmacéutico de esta comunidad por el nivel de envejecimiento de su población, en la que un 23 por ciento tiene más de 64 años. «El gasto farmacológico en la atención primaria está controlado, pero debo admitir que no ocurre lo mismo en la especializada», indicó Francisco Javier Álvarez Guisasola.