Madrid / Oviedo,
Tres mil pulseras y otras tantas unidades móviles de vigilancia estarán a disposición de los Juzgados a partir del 24 de julio para mejorar el control de las medidas de alejamiento de los maltratadores respecto a sus víctimas en situaciones de alto riesgo. Con esa cifra queda cubierto el 10 por ciento de las órdenes de alejamiento dictadas en España. El Gobierno, en una puesta de escena conjunta de los ministerios de Justicia, Igualdad e Interior, la Fiscalía General y el Consejo del Poder Judicial, presentó ayer los nuevos dispositivos para mejorar la seguridad de la víctimas y comunicar a los agresores que están siendo controlados.
El nuevo equipo consta de una unidad electrónica para la mujer y una pulsera para el agresor. La primera, similar a un teléfono móvil, transmite información sobre la localización de la mujer a un centro de control y la avisa cuando su agresor se acerca a menos de 500 metros, permite la comunicación de voz y tiene un «botón de pánico». El maltratador puede llevar el transmisor, que envía señales a la central de control y a la víctima, en la muñeca o el tobillo. Los avisos que genera el sistema son recibidos en un centro gestionado por una empresa de seguridad privada que comunicará inmediatamente cualquier incidencia a la Policía. Las alertas saltan cuando el agresor se quita o rompe la pulsera, entra en la zona de exclusión de la víctima, se aleja más de 10 metros del dispositivo o cuando se pierde la cobertura.
Con estos nuevos dispositivos, en los que el Gobierno ha invertido cinco millones de euros, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, pretende «decir al agresor que le estamos vigilando, que 40 millones de españoles le están observando», y a su víctima, que «no está sola».
El fiscal coordinador de violencia de género de Asturias, Gabriel Bernal, considera que estos nuevos dispositivos son «realmente necesarios, sobre todo cuando hay un riesgo cierto de reiteración delictiva». Sin embargo, en Asturias «se cumple bastante la orden de alejamiento», informó. En los últimos años en el Principado se aprecia un pequeño incremento en el número de denuncias, según Bernal, que lo atribuye a «que se presentan más». El año pasado el partido judicial de Oviedo registró más de cuatrocientas denuncias. Ayer mismo, Amnistía Internacional denunciaba la ausencia de políticas integrales por parte del Gobierno español que aborden todas las formas de violencia sexual sobre mujeres y niñas, no sólo la vinculada a las relaciones sentimentales. Según el último informe de la ONU, España es uno de los diez países de Europa con mayor incidencia de trata de mujeres. Para combatir esa lacra, Amnistía propone equiparar violencia de género y terrorismo.
