12 de julio de 2009
12.07.2009
 

El Poder Judicial propone limitar la intervención de los padres en los abortos de menores

El informe de Uría salva la constitucionalidad de la ley de plazos

12.07.2009 | 02:00

Madrid, Agencias


La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Uría ya ha concluido su ponencia sobre el anteproyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que será discutida previsiblemente el próximo miércoles por la Comisión de Informes del órgano de gobierno de los jueces. Se trata de un documento no vinculante que precede al trámite parlamentario de la reforma.


Como principal novedad, la propuesta apostará -aunque con excepciones- por el conocimiento de los padres de aquellas situaciones en que una menor pretenda someterse a un aborto. El texto elaborado por Uría será analizado por la Comisión de Estudios del CGPJ el próximo miércoles. Posteriormente, está previsto que vaya al Pleno del 23 de julio.


Las líneas generales del documento han sido consensuadas con la mayoría progresista del Consejo en conversaciones informales. Ahora, deberá superar los filtros de la comisión y el Pleno.


El texto deja a salvo la constitucionalidad de la ley de plazos, pero propone modificaciones a apartados fundamentales del texto elaborado por el Gobierno. Por ejemplo, plantea que se establezcan mecanismos de intervención de los padres cuando la mujer que quiera interrumpir voluntariamente el embarazo sea menor de edad. En síntesis, propone el conocimiento, que no consentimiento, de los padres, mientras que el anteproyecto establece que las mujeres de 16 a 18 años puedan abortar solas y sin informar a sus padres.


Sin embargo, la propuesta de informe ha incorporado en el último momento excepciones al conocimiento de los padres. Los casos exceptuados se refieren a malos tratos, violación o delitos similares de los padres hacia la menor. Se trata de evitar que exista una coacción de los padres a la menor que quiera abortar voluntariamente.


Uría fue designada para redactar este documento el pasado 2 de julio tras rechazarse el informe del ponente inicial, Claro José Fernández, que apuntaba que diferentes aspectos de la ley presentan problemas de encaje constitucional. Este diagnóstico fue votado en contra por tres de los vocales de la Comisión de Estudios, entre ellos la propia Uría.

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