Madrid / Oviedo,

Europa Press / P. Á.

A raíz de la coordinación a nivel nacional que exige la estrategia frente a la gripe A, algunos consejeros autonómicos han suscitado un debate sobre el mecanismo de toma de decisiones en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En los últimos años se ha evidenciado la inoperancia del sistema actual, que exige unanimidad y que en la práctica permite que las autonomías vayan por libre en materias en las que las competencias están transferidas.

La discusión ha sido lanzada por dos consejeros socialistas con peso específico: Marina Geli, responsable sanitaria de Cataluña, y Fernando Lamata, de Castilla-La Mancha. Ambos apuestan por un sistema «de mayorías vinculante en el seno del Consejo Interterritorial», en palabras de Geli. De llevarse a la práctica, esta medida supondría de facto la introducción del sistema federal en la gestión sanitaria, a la espera de la pendiente reforma del Senado como Cámara territorial.

Según Lamata, «el sistema actual tiene una eficacia limitada, ya que las decisiones que afectan a competencias transferidas no son vinculantes». El consejero castellano-manchego apunta bien a un reforzamiento de las funciones del Consejo Interterritorial, bien al diseño de un «foro de consejerías» que pueda tomar decisiones vinculantes para todas las autonomías en asuntos de salud pública, como la gripe A, pero también en políticas de recursos humanos, de cartera de servicios o relativas a la fijación del calendario vacunal. «No sería tanto por la pandemia, que está siendo bien gestionada, sino para unificar decisiones como el precio de la hora de guardia y para evitar la compraventa de profesionales o la lucha de prestaciones entre autonomías», explicó Lamata.

El consejero asturiano Ramón Quirós se pronunció ayer sobre esta controversia, pero subrayando que no es éste el momento más idóneo para lanzarla. Quirós manifestó su apoyo a la apertura de un debate encaminado a conseguir un órgano de gobierno interautonómico «más potente y con poder ejecutivo».