Oviedo, Eduardo GARCÍA

Son unos 3.000 profesores en Asturias, que dan clase a unos 31.000 alumnos, el 26% del total. Dirigen casi 1.500 unidades escolares, desde Infantil hasta Bachillerato, pero tienen más niños en clase, ganan menos que sus compañeros de la enseñanza pública (un 18% menos, dicen sus sindicatos), aseguran que trabajan aún más y defienden reivindicaciones pendientes que no acaban de concretarse.

Son los docentes de la enseñanza concertada, es decir, privada pero sostenida con fondos públicos. En Oviedo y Gijón, con una treintena de centros, la concertada tiene un especial peso y las aulas llenas. Cada año y en cada una de las dos principales ciudades asturianas, unos 130 alumnos quedan sin escolarizar en la concertada a pesar de que sus padres eligen uno de esos colegios. «Muchas familias lo ven tan difícil que ya ni lo solicitan. Hay una clara autolimitación por parte de los padres», explica Rosa Pérez, del sindicato OTECAS.

Hace un año los docentes de la concertada salieron a la calle. Lo que pedían entonces lo siguen pidiendo ahora. Un pleno de la Junta General del Principado celebrado en junio de 2008 instaba al Consejo de Gobierno a «impulsar de manera inmediata» la negociación de las condiciones laborales de este colectivo de la enseñanza concertada. De los cinco puntos de negociación publicados por el BOPA, los sindicatos aseguran que no se ha avanzado un ápice en tres de ellos, y tan sólo de manera parcial en los dos restantes.

La enseñanza concertada en Asturias se rige a partir de una mesa tripartita en la que figuran la patronal (Educación y Gestión y CECE), la Administración y los sindicatos, con mayoría de OTECAS, una escisión en su día de UGT. También están presentes la USO -segunda fuerza sindical-, FSIE y Comisiones Obreras.

Muchos de los docentes de la concertada se sienten en el punto de mira de la Consejería de Educación. El proyecto de presupuestos presentado por el consejero Riopedre para el próximo año prevé una subida del 1,4% para gastos de personal de la enseñanza pública (unos 6,3 millones de más) y tan sólo un 0,8% para este mismo capítulo de la concertada. «Sufrimos sistemáticamente distinto trato», dice Juan Luis González, secretario general de OTECAS.

Para concretar: los profesores de la concertada no se pueden acoger a la llamada «jubilación LOGSE» que posibilita el cese de la actividad profesional a los 60 años. Las plantillas se han movido poco desde los años noventa a pesar de las ratios. Tomemos el ejemplo de Gijón. Las ratios en Infantil y Primaria de los colegios concertados se mueven en torno a los 21 niños por profesor (hay dos colegios, la Asunción y el Inmaculada, que superan los 23,6 niños por aula). En los públicos, la mitad. En ESO, la ratio de los concertados es de unos 18 alumnos por profesor (el Codema, 20,7), y en la pública, en torno a 8. De ahí la mayor carga de trabajo, aunque no se trate estrictamente de más horas lectivas.

Las diferencias logran que la enseñanza concertada sea más barata que la pública atendiendo a los gastos de personal. Calculan los sindicatos de la concertada que la Administración se ahorra unos 120 millones de euros, «le venimos bien al sistema educativo asturiano».

Una tercera reivindicación tiene que ver con la famosa paga de los 25 años, una cantidad pactada en convenio nacional y que el Principado de Asturias ha impugnado. «La impugnación es insólita en España, Asturias es la única comunidad que la ha hecho efectiva».

Se trata de una paga que viene a sustituir, con carácter de salario, al premio de jubilación y consiste en una mensualidad por quinquenio. No es calderilla: cinco quinquenios, unos nueve mil euros brutos para un docente de Primaria. La Audiencia Nacional dio la razón a los docentes y el Principado acudió al Supremo. Juan Luis González asegura que con este recurso «el consejero Riopedre faltó a la palabra dada en la Junta General cuando afirmó que si perdemos (en la Audiencia) pagaremos religiosamente». La sentencia del Supremo puede que no se demore demasiado. El asunto lleva dos años parado, a la espera de las decisiones judiciales.

La aspiración última de los docentes de la concertada es la equiparación salarial a todos los efectos con sus compañeros de la red pública. La Administración no está por la labor. La Administración es pública y defiende a la escuela pública, que, entre otras cosas, llega donde no puede o quiere llegar la concertada. Un ejemplo: de los 7.400 estudiantes inmigrantes escolarizados en Asturias, un 84% lo está en la red pública, y sólo un 16% en centros concertados.

Los sindicatos de la concertada plantean batalla dialéctica, sin embargo, en materia de necesidades especiales. Los números que manejan afectan al 26% de los alumnos. «Siempre se dice que la concertada no integra, pero no es verdad. Hay colegios concertados en Asturias que tienen más alumnos con necesidades especiales que algunos centros públicos», dice Juan Luis González. Aunque entre los colegios de la concertada hay diferencias, en ocasiones más que notables, en este apartado.

Por cierto, que los alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en la concertada están aún sin valorar en este curso, y llegamos al final del primer trimestre. Los sindicatos lamentan que esta situación provoque «un estado de desatención inadmisible» para los niños afectados.