Oviedo, E. G.
Las iniciativas de comunidades autónomas como Madrid y Valencia para aprobar una ley de Autoridad del Profesor (ambas en período de anteproyecto), tienen no pocos detractores. Los sindicatos reclaman una ley única, de ámbito estatal. «En la actualidad no hay una sola ley española que expresamente diga que el profesor sea autoridad», señala a LA NUEVA ESPAÑA la abogada Sonia Cabrerizo, de los servicios jurídicos de Anpe en Madrid. De la misma forma, asegura, «no hay una sola sentencia judicial que reconozca expresamente que el profesor sea autoridad». Para la abogada las recientes sentencias que aplican los artículos 550 y 551 del Código Penal sobre atentado a autoridad, agente de la autoridad o funcionario público, no resuelven el problema «pero al menos impiden que una bofetada a un profesor cueste 120 euros, un desahogo rentable».
