Madrid / Oviedo,

Efe / Europa Press / P. Á.

La industria farmacéutica calificó ayer de «muy duras» las medidas consensuadas por el Gobierno central y las comunidades autónomas para controlar el gasto farmacéutico, y advirtió de que tendrán un «gran impacto» en el sector.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas alcanzaron el jueves un acuerdo para recortar en 1.500 millones de euros la factura anual en medicamentos. De esta cuantía total, a Asturias le corresponderán unos 40 millones, señaló ayer Arcadio Fernández, director general de Planificación y Evaluación de la Consejería de Salud del Principado. La citada medida, que quedará plasmada en un real decreto que se aprobará la próxima semana, forma parte de un «gran pacto» encaminado a garantizar el futuro del actual modelo sanitario.

Fuentes de Farmaindustria anunciaron que los representantes de las compañías farmacéuticas se reunirán el próximo lunes con la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, para analizar las nuevas directrices aprobadas el jueves. La industria reconoce la «coherencia» de las mismas y el «consenso político» con el que han sido aprobadas, pero subrayan que se trata de decisiones «muy contundentes» y que, presumiblemente, tendrán un gran impacto sobre las cuentas de muchos laboratorios, «ya debilitados por la situación económica actual».

Al mismo tiempo, las farmacéuticas admiten que, en la situación económica actual y con las «tensiones presupuestarias en Sanidad», era «imprescindible» un consejo que adoptara «medidas homogéneas y ordenadas», por lo que reconocen el esfuerzo por lograr un acuerdo político.

Entre tanto, el presidente de la Federación Española de Distribución Farmacéutica (Fedifar), Antonio Mingorance, afirmó que «entiende» el plan de austeridad en una coyuntura como la actual de crisis económica, si bien echó en falta la puesta en marcha «de medidas estructurales reales y no tan puntuales», entre las que citó «una mejor gestión por parte de los poderes públicos de los bienes comunes», así como un estudio «serio» acerca de los fármacos «que se deberían subvencionar con dinero público y cuáles no».

En el plano político, la coordinadora de Participación Social del Partido Popular, Ana Pastor, instó al Gobierno central a adoptar «medidas de calado» para que no se resientan la calidad, la cohesión ni la equidad del sistema sanitario. Pastor, ex ministra de Sanidad, indicó que para que el PP apoye al Gobierno en este ámbito «tiene que garantizarse que no van a producirse recortes en política social, sanidad y dependencia». La dirigente popular exigió un pacto sanitario porque es necesario adoptar «medidas responsables» y porque «el sistema de salud tiene en este momento un déficit acumulado de 10.000 millones de euros».

Arcadio Fernández, director general de Planificación y Evaluación de la Consejería de Salud del Principado, calificó el acuerdo de «largamente esperado y factible de llevar a la práctica» y señaló que, una vez que estén desplegadas todas las medidas que incluye -«no todas se implantarán al mismo ritmo»- implicarán para el Principado un ahorro anual aproximado de 40 millones de euros (la factura total de 2009 ascendió a 352,79 millones).

Desde la perspectiva de los usuarios, la asociación El Defensor del Paciente manifestó su preocupación por el recorte en el gasto farmacéutico, ya que, a su juicio, si se basa en el aumento del recurso a medicamentos genéricos, puede provocar «mucho daño» en los enfermos crónicos. Los responsables del colectivo advierten de que van a estar «muy pendientes» de este tipo de situaciones, ya que el pretendido ahorro «no debe constituir una merma de los derechos de los pacientes a tener el mejor fármaco».

«Apoyaremos medidas responsables porque el sistema de salud tiene un déficit acumulado de 10.000 millones»

<Ana Pastor >

Ex ministra de Sanidad del PP

«El acuerdo entre el Ministerio y las autonomías es factible de llevar a la práctica y largamente esperado»

<Arcadio Fernández >

Director general de Planificación